El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, informó hoy que a partir de un trabajo técnico pericial en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizado a una muestra de 8:000 actas, se estableció que éstas fueron alteradas. Algunas están sobrescritas y en otras, una misma persona llenó actas, lo que vulnera el trabajo de los notarios.

“Estos documentos son inconsistentes porque todo ciudadano en este país sabe que quien debe manipularlas, trasladarlas y entregarlas a destino final para el cómputo es el notario electoral (…). Hubo un fraude material”, indicó Santamaría, antes de añadir que hay notarios que facilitaron estas irregularidades y omitieron el transporte del material.

“Al haberse roto esa cadena de custodia del material electoral y al haber manejado y manipulado otras personas es que se ha alterado los datos”, apuntó.

  El informe policial dice que se evidenció, a través de un cruce de llamadas, que la vocal del TED La Paz, Marianela Revollo, delegada por el expresidente Evo Morales, mantuvo comunicación telefónica con la vocal del TSE, Lucy Cruz; la diputada, Sonia Brito, y el exministro Juan Ramón Quintana.  Las comunicaciones se realizaron el mismo día de las elecciones, el 20 de octubre de 2019.

Por tanto, la investigación concluye que el Ejecutivo interfería con el trabajo del Órgano Electoral, que debe ser independiente. “Había una sumisión de esos vocales designados, que seguramente terminaron pagando favores”, sostuvo la autoridad.

Santamaría agregó que la intención del fiscal de solicitar pericias en el extranjero es innecesaria, porque los análisis del IDIF comprueban y respaldan la información.