“Extrañamente este servidor arrojaba actas válidas con números exorbitantes, que eran muy diferentes de las cifras normales, vale decir, si un servidor autorizado mandaba mil actas, este servidor no autorizado mandaba 30 mil actas validadas. Ese dato ya lo teníamos en la investigación; sin embargo, en el acto de Inspección Técnica Ocular ha saltado este nuevo dato”, aseguró.

Según el informe y las declaraciones de Álvaro Andrade de la empresa Ethical Hacking, contratada para realizar una auditoría al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el día de los comicios existieron ataques al sistema informático.

De acuerdo con el jefe policial, Andrade manifestó que el 20 de octubre de 2019, él informó a Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sobre la existencia de un servidor que no estaba autorizado.

Asimismo, Guarachi apuntó que se encontró material electoral en las oficinas de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), pese a que esta institución no tenía ningún convenio con el TSE.

Según declaraciones de los imputados, entre los exvocales del TSE hubo amenazas de demandas penales y casi llegaron “a los golpes” por ciertas decisiones que se habrían tomado al “margen de la ley”.

Tras concluir con la ITO, el jefe policial manifestó que se elaborarán los informes correspondientes para remitirlos al Ministerio Público y sean prueba en un posterior juicio.

“Se va a hacer la transcripción de todas las actas que levantó en estos dos días y la vamos a presentar al Ministerio Público. Estos son elementos que el Ministerio Público puede utilizar en una acusación para ir a un juicio que posteriormente se puede desarrollar”, refirió.