El daño ocasionado por el informe “trucho” de la OEA fue devastador, en lo político, institucional, social, racial y económico. En lo político, se logró quebrantar el proceso de cambio y perseguir a sus autoridades, lo que imposibilitó refutar el informe de la OEA, asunto que viola los principios básicos de cualquier proceso de auditoría. Los congresistas determinan que “las denuncias de fraude electoral de la OEA fueron aprovechadas por los opositores políticos del presidente Evo Morales para intensificar las protestas, reunir apoyo internacional y, semanas después, sacarlo del poder con apoyo militar”.

En lo institucional, los “hackers” de la OEA logran quebrantar la institucionalidad electoral boliviana, compuesta por la Ley 026, por el Tribunal Supremo Electoral, por instancias reglamentarias, operativas y técnicas reconocidas internacionalmente. Este quebrantamiento llega al extremo de encarcelar a vocales del TSE  y perseguir a supuestos responsables del fraude ficticio, mediante actitudes netamente golpistas. Al haber “borrado” lo institucional, la OEA asumió el papel de “Gestapo” con prerrogativas omnipotentes, con cierres definitivos de auditorías marginales, sin dar lugar a revisiones. Pero no contaron con la aparición de tres análisis y estudios internacionales que siembran dudas sobre la auditoría de la OEA, al extremo de erosionar su credibilidad (La Razón 27/09/2020). Al ser nombrado y posesionado el nuevo Tribunal Supremo Electoral, por un gobierno de facto, se crea un vacío de efectividad creíble. Al respecto, los congresistas determinan que, “dado que la OEA ha sido invitada a monitorear las próximas elecciones, instamos a la administración (de EEUU) a utilizar su voz en la OEA para abogar por una evaluación exhaustiva e independiente de las declaraciones e informes de la OEA”.

En lo social, los levantamientos sociales como producto del golpe de Estado resultan en más de 40 muertes y centenares de heridos. Además, se violan los derechos humanos y se da curso a persecuciones políticas, acoso y represión a militantes del MAS. A principios de 2020, 160 políticos del MAS fueron detenidos y 600 ex funcionarios estuvieron bajo observación. La Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard en su informe Nos dispararon como a animales encuentra abusos y violación de derechos humanos en Sacaba y Senkata, ocurridos en noviembre del 2019. En el estudio —realizado entre octubre 2019 y enero 2020— se identifican patrones desconcertantes de violaciones de derechos, identificados mediante 220 entrevistas realizadas a víctimas; familiares, activistas políticos y de derechos humanos, periodistas, abogados, fiscales, médicos, investigadores, funcionarios de ministerios, policías y militares. Los congresistas determinan que “los comicios del 20 de octubre derivaron en protestas cívicas que fueron alimentadas por un motín policial, la presión de las Fuerzas Armadas para la dimisión de Morales y el informe de la OEA que apoyó el discurso de fraude. El Secretario de la OEA se apresuró a reconocer a la presidenta no electa, Añez, y aún no se ha pronunciado sobre el deterioro de los derechos humanos y la persecución de los opositores políticos”.

En lo racial, la interrupción del proceso de cambio despertó odios raciales de irrespeto recíproco. De acuerdo a Jorge Richter, “las fuerzas sociales vuelven a colisionar; el país nuevamente exterioriza la vena iracunda de un racismo” (La Razón 12/8/2020). La intención de interrumpir el proceso de cambio, era fundamentalmente cambiar la nueva Constitución, borrar la denominación de Estado Plurinacional y privatizar las empresas públicas que financiaban los bonos sociales. Renacen además, tendencia separatistas de la “media luna” con el slogan que Evo Morales debe desaparecer de todo contexto político, para lo cual la sigla del MAS debe ser borrada. Al respecto, los congresistas manifiestan: “Como probablemente sepa, las autoridades de facto que tomaron el poder tras la renuncia forzada de Morales, han promovido una agenda racista y anti-indígena y han desplegado al Ejército para reprimir violentamente las protestas, lo que resultó con muchos civiles asesinados y heridos”.

En lo económico, el PIB disminuye en crecimiento anual, las exportaciones se redujeron y las inversiones públicas y privadas experimentaron un decaimiento significativo, todo ello tan solo en 5 meses (antes de la pandemia). Uno de los enfoques analíticos que utilizamos los economistas se refiere al costo de oportunidad o a cuál hubiese sido la situación si no se interrumpía el proceso de cambio. En términos de crecimiento, Bolivia hubiese logrado alcanzar el 4.5%, con exportaciones ascendentes y con inversiones públicas planificadas. Otro aspecto digno de análisis en lo económico es que Bolivia hubiese podido enfrentar la crisis del COVID-19 con un gran respaldo económico, que hubiese permitido fortalecer el sector sanitario mediante medidas oportunas en respiradores, reactivos, centros médicos, asesoría cubana y disciplina social (como la paraguaya).

Los bolivianos hemos sido ultrajados, pisoteados y agredidos por poderes internacionales que utilizaron a grupos nacionales para interrumpir el proceso de cambio progresista. Refutar y rechazar el informe de la OEA representa una obligación de los bolivianos. De ser electo presidente el demócrata Biden en EEUU (muy probable) y de ser electo presidente de los bolivianos, Arce Catacora, se llegará a las últimas consecuencias para  demostrar que en Bolivia no existió fraude alguno en las elecciones de octubre 2019. De verificarse los errores del informe de la OEA, las consecuencias nacionales e internacionales serán escandalosas, en lo civil, social, económico y político.