Medio: El Deber
Fecha de la publicación: miércoles 07 de octubre de 2020
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
La inspección técnica ocultar que desarrolló la Fiscalía y la Fuerza Anticrimen sobre el caso fraude electoral, permitió confirmar que hubo una orden directa para paralizar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y las injerencias externas al conteo de votos.
Contenido
El jefe de la División de Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, Fernando Huarachi, contó que el procedimiento, realizado el lunes y el martes, aportó mucho a la investigación sobre las irregularidades en los comicios generales de octubre de 2019.
“Se ha podido, por ejemplo, rescatar que varios testigos y varias personas imputadas han señalado a la exvocal Lucy Cruz como quien dio la orden para que se realice el corte en la transmisión de datos del TREP, ayer eso lo ha refrendado el técnico que ha recibido directamente esa orden a través de la cadena de mando que se tenía en la dirección nacional de tecnologías”, afirmó el uniformado.
Manifestó que la empresa Ethical Hacking, encargada de la auditoría informática al proceso, detalló todas las intervenciones externas durante la transmisión de datos. “Se ha explicado en qué horario, a qué personas les han indicado, qué tipo de injerencias se tenían en los equipos, de qué servidores, que no estaban contemplados en el parámetro legal del conteo
“Una vez que se interrumpe el TREP, para que Sala Plena dé un resultado preliminar, se comienza a identificar votos válidos que ingresaron por un servidor que no estaba autorizado, que era de la empresa Neotec”, acotó el jefe policial.
Ratificó que se realizará una pericia informática con una empresa extranjera, con el parámetro del informe que realizó la OEA, ratificando que se han acumulado bastantes datos para sustentar una acusación contra los involucrados.
Además, reveló que se continúa con la búsqueda de Sergio Martínez, considerado como el operador del fraude, quien salió del país en diciembre de 2019 rumbo a Perú.
