Miguel Roca (CC), Ramiro Cavero (Libre 21), Juan Pablo Suárez (Creemos), Mario Guillén (MAS), Henrry Mérida (Pan-Bol) y Adolfo Apodaca (FPV) explicaron los planes de gobierno que tienen sus formaciones para hacerle frente a una economía que suma indicadores preocupantes: 11,8% de tasa de desempleo, proyecciones que alcanzan el 12,5% de déficit fiscal para este año o una caída del PIB por encima del 6%.

El programa 8 Proponen también contó con la participación del representante de ADN, Sergio Tarqui, pero debido a problemas técnicos con la conexión no pudo intervenir en ninguno de los  tres bloques. No obstante, en la edición de mañana se profundizará en las propuestas que tienen los  frentes en carrera electoral para reactivar la economía.

Déficit fiscal

¿Su partido político considera que el déficit fiscal tiene que reducirse en lo inmediato? Si la respuesta es positiva, ¿qué medidas se tomarían? Si la respuesta es negativa, ¿cómo se financiaría el déficit?”.

CC contempla hacer ajustes al gasto y redirigir la inversión pública durante el primer año para alcanzar una buena administración de los fondos públicos. Asimismo, prevé mayores ingresos tributarios a partir de una reducción de impuestos y un déficit de menos del 2% para el año 2025. 

Libre 21 plantea reactivar la economía para mejorar los ingresos de las empresas y que éstas tributen. De igual modo, considera reorientar la inversión pública y ajustar el gasto para llegar a un déficit de entre el 2 y 2,5% en el mediano plazo.

Entre las acciones que Creemos prevé llevar a cabo en el corto y mediano plazo están reducir el IVA, eliminar el impuesto a las utilidades y hacer una ley de contrataciones para evitar la corrupción. El objetivo de la formación es llegar a un déficit fiscal lo máEl MAS, por su parte, proyecta reactivar la inversión pública e incrementar la recaudación tributaria a largo plazo. Para ello plantea el impuesto a la riqueza, rebajar el IVA para las compras con tarjeta de débito e incentivar la devolución de este impuesto.

an-Bol propone reducir el gasto público del gobierno, bajar los impuestos y nacionalizar los vehículos indocumentados o “chutos”. En tanto que el FPV contempla reducir el déficit fiscal en un 50% en el primer año a través de la eliminación de dos ministerios, el de Comunicación y el de la Presidencia, y del reajuste en el Ministerio de Defensa. Asimismo, propone una reducción de impuestos.

Industria del litio

“¿Qué rol debería jugar la industria del litio y cómo ésta puede articularse con el fortalecimiento de la educación y la innovación en Bolivia? ¿Cuál sería su política con relación a la inversión extranjera en este sector?”. CC propone un pacto nacional entre Gobierno central, Gobernación de Potosí, municipios y otros actores para generar una estrategia de industrialización que se convierta en política de Estado. Además, prevé alianzas con empresas extranjeras que permitan el acceso a tecnología y nuevos mercados.

Libre 21 propone fabricar baterías de litio en Bolivia con fines de exportación. En este sentido, prevé atraer inversión local e internacional brindando seguridad jurídica y eliminando el doble impuesto a la utilidad de las empresas extranjeras. Creemos proyecta buscar socios públicos-privados en aras de generar estrategias para la explotación del litio. Asimismo, pretende crear un consejo económico social en el que participen expertos y miembros de la sociedad civil.

Para la industrialización del litio, el MAS estipula cuatro fases: extracción, procesos de química básica, producción de cátodos y, finalmente, de baterías. Según sus estimaciones, la química básica va a generar 41 nuevas industrias. Pan-Bol plantea un convenio social entre el Estado, la población de Potosí y la empresa privada. En este sentido, propone brindar seguridad jurídica a las compañías y que los profesionales bolivianos sean parte activa de la industria del litio.

El FPV prevé convertir la empresa del litio en la principal fuente de ingresos de Bolivia. Para ello dispone alianzas estratégicas con las gigantes surcoreanas Samsung y Hyundai. 

Diversificación productiva

“¿Cuáles son las actividades económicas que su partido político identifica como centrales para la diversificación productiva respetando el medioambiente? ¿Qué políticas propone?”.

 CC propone generar una economía de “base amplia” con la integración vertical de varios sectores: el agropecuario, el industrial manufacturero, el sector servicios y la economía naranja. También contempla avanzar hacia la seguridad alimentaria, facilitar el acceso a la vivienda social y reorientar la inversión pública hacia obras que son intensivas en mano de obra.

En el corto plazo, Libre 21 plantea la creación de un hospital de empresas para “salvar” a las más afectadas por la crisis, mientras que de cara al futuro centra la mirada en los sectores intensivos en mano de obra y amigables con el medio ambiente, así como en el área rural, entre otros. Por su parte, Creemos propone una reforma tributaria, una ley de inversiones para fomentar la inversión interna y extranjera, una ley de Pymes y un nuevo Código de Comercio.

La propuesta del MAS pasa por reactivar las empresas públicas, incentivar la producción de alimentos y estimular la inversión pública con proyectos como la producción de diesel. Pan-Bol propone la industrialización de las materias primas y dar créditos blandos a las empresas para que sean generadoras de empleo. Por último, el FPV prevé potenciar tres áreas: el turismo, la agricultura intensiva y la inversión extranjera.

Algunos indicadores 

• Recesión El Banco Mundial pronostica una caída del 5,9% del PIB para la gestión 2020, mientras que las proyecciones del BCB la sitúan en el 6,2%.
• Desempleo  La tasa de paro subió de 4,8% al terminar el año pasado a 11,8% en julio.
• Mercado  Las importaciones a junio de este año habían caído en un 34,7% con relación al mismo mes del año pasado y las exportaciones acumuladas a agosto lo hicieron en $us 1.231 millones.
• Déficit  La pandemia agravó la difícil situación fiscal que tenía el país desde el año 2015. El FMI y el BCB proyectan un déficit del sector público no-financiero de 12,5% del PIB para este año.