Sin embargo, las condiciones no son iguales para todas las candidaturas, a pesar de que existe la obligación de presentar listas incluyendo la paridad y la alternancia, las candidatas deben vigilar que sus documentos sean presentados adecuadamente y que no se pierdan en el camino, además de otras situaciones de acoso político, enfrentan la desigual distribución de recursos de las organizaciones políticas, incluida la propaganda política, que en esta oportunidad no contempló el financiamiento público.

Recordemos que se definió usar esos recursos para garantizar material de bioseguridad.

Los criterios de paridad se han ido aplicando de manera progresiva en los procesos electorales de 2009, 2014 y las elecciones anuladas de 2019. Las listas actuales tienen más de 686 mujeres candidatas que representan aproximadamente el 50% del total de candidaturas en competencia, entre todas las fuerzas políticas, a pesar de ello los medios de comunicación no las consideran. En 2009, la cobertura mediática a las mujeres candidatas y asuntos vinculados a la igualdad de género, no superó el 1%; y en 2014, apenas se llegó a poco más del 1.5%.

Estas situaciones de invisibilización se ven más acentuadas cuando las candidatas pertenecen a alguna nación  pueblo indígena originario campesino, postula en una circunscripción de área rural, una circunscripción especial indígena.

El actual proceso electoral nos muestra, una vez más, que a pesar de los avances todavía quedan desafíos pendientes para avanzar en la creación de en un entorno que reconozca la participación de las mujeres y ofrezca condiciones adecuadas para el ejercicio de sus derechos políticos.