A través de dos memoriales, el ex Presidente y vocero de la causa marítima solicitó ayer presentarse ante las dos comisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que investigan los casos Lava Jato y Odebrecht y presentar sus descargos.

El abogado Carlos Alarcón presentó los memoriales tanto a la comisión que encabeza la diputada Susana Rivero (MAS) como a la paralela del senador Arturo Murillo (UD), advirtiendo que en el caso de la primera, pretende, con sus denuncias, "eliminar políticamente" a su representado.

Manifestó además que Mesa no teme ser perseguido como denunció el senador Murillo porque ya le iniciaron un proceso por el caso misiles chinos y ratificó su intención de comparecer ante ambas instancias legislativas.

Mesa también publicó una carta en su blog, en la que pide a los legisladores que "exijan a su presidenta (Susana Rivero) dejar de hacer un uso político y mediático del trabajo de esta Comisión, prejuzgando y violando derechos y garantías constitucionales, y comience la investigación sobre los hechos determinantes de los supuestos sobornos que se remontan al período entre el 19 de septiembre de 2005 y el 20 de agosto de 2008".

Sobre el informe de pagos de la misma Comisión, el ex Presidente asegura que "esta afirmación falsa, maliciosa y sesgada, tiene como objetivo confundir a la opinión pública.

La aludida legisladora oficialista reveló ayer que Mesa realizó 22 viajes entre 2003 y 2008 a las ciudades de Lima y Sao Paulo, durante el proceso de adjudicación, contratación y ejecución de la carretera Roboré-El Carmen, adjudicada a la empresa brasileña Camargo Correa.

"¿Qué hacía un presidente de Bolivia viajando en estos momentos críticos de contratación? (...), 22 veces que ha viajado, mayormente Lima, donde estaba la sede principal de este lado del continente de la Camargo Correa, que se adjudica esta obra", señaló en conferencia de prensa.

Y advirtió que "vamos a rastrear las cuentas bancarias de todos los viajeros para saber qué tanto iban hacer al Perú en los momentos decisivos de la contratación".

PIDEN SU ALEJAMIENTO

Mientras, opositores solicitaron formalmente al presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera, que separe a la diputada Rivero de la Comisión Mixta, con el argumento de que, cuando era Ministra, firmó decretos respecto a la empresa Queiroz Galvao, ahora bajo investigación en la Comisión.

El senador Arturo Murillo manifestó que se trataría de un tema de conflicto de intereses de la diputada en el caso. La Queiroz Galvao estaba a cargo de la construcción de un tramo de la carretera Potosí-Tarija, pero en 2007 la Administradora Boliviana de Carreteras rompió contrato tras advertir defectos y retraso en la obra, cobrándole las boletas de garantía.

Luego, ese mismo año, el gabinete del que formaba parte Rivero emitió el Decreto 29275, para una auditoría integral de la constructora brasileña por presunto daño económico.

En 2008, el gabinete aún conformado por Rivero firmó el Decreto 29515 que reestableció el contrato con Queiroz Galvao. Murillo afirmó que incluso se le devolvió el dinero a la empresa brasileña.

El senador opositor dijo que no es ético que Rivero investigue a esa empresa, puesto que estuvo involucrada en el gabinete que definió la situación de su contrato. Afirmó que la oficialista será juez y parte.