Después de casi un año del 20-O, las heridas abiertas por una de las más feroces luchas por el poder entre el masismo y el bloque antimasista se han ahondado y han alejado una necesaria reconciliación nacional que garantice los mínimos espacios de convivencia entre los bolivianos, de manera que no estemos constantemente al borde de los enfrentamientos civiles y de la violencia callejera.

La ruptura del contrato de confianza de los bolivianos entre sí y de los bolivianos con sus gobernantes y sus principales instituciones está peligrosamente roto desde que la feroz lucha por el poder transgredió una norma básica de la democracia, como es el respeto del voto y la no injerencia partidaria en el Órgano Electoral.

Lamentablemente, lejos de hacer los esfuerzos posibles para recuperar la confianza de los bolivianos en su clase política y en sus instituciones vitales, el descrédito ha aumentado y las señales que anteceden a la votación del próximo 18 de octubre son más que preocupantes.

Nada indica que el voto canalizará por la vía que corresponde la necesaria pacificación de la fracturada sociedad boliviana. Al contrario, los principales partidos que disputan el poder han ensuciado la antesala de las urnas con sus arriesgadas conjeturas de un posible nuevo fraude y, lo que es peor, con amenazas y acusaciones de la preparación de un nuevo escenario de convulsión, al que seguro la mayoría de los bolivianos no quiere volver a entrar.

Raya en el delito las advertencias de algunos dirigentes políticos que invocan a salir a las calles y tomar el poder por la fuerza si sus partidos no consiguen la victoria electoral. De uno y de otro lado surgen amenazas de que no aceptarán que el adversario asuma el mando de Bolivia en los próximos cinco años o que no lo dejarán completar el mandato. El deseo de venganza por la sangrienta confrontación de los últimos tiempos está a flor de piel y son azuzados por dirigentes políticos antidemocráticos.

Con semejante tamaño de grieta que divide en dos partes a la sociedad boliviana, es impensable la urgente reconstrucción de un país que sea viable y que no esté a cada momento sometido a la explosión del odio político, alentado criminalmente por seudolíderes y caudillos.

No sólo una mayoría de los bolivianos está preocupada por los brotes de violencia en la atípica campaña electoral y por las advertencias de desacato de los resultados del 18 de octubre. La misma comunidad internacional, que ha tenido con algunas de sus representaciones en Bolivia un rol fundamental para evitar que la democracia fracase, está alarmada por la complicada antesala de la votación y por lo que pueda pasar el día después.

En ese contexto tan complejo urge enfocarse en los días que quedan en reforzar la confianza en el proceso electoral y no dar resonancia a las desubicadas amenazas que buscan perforarlo. Son inexplicables algunas voces del propio gobierno transitorio, que en vez de dar tranquilidad y garantías a los votantes, alimentan las dudas y el fuego, en vez de apagarlo. La Presidenta juró a su cargo transitoriamente con el mandato de pacificar el país y de concretar nuevas elecciones. El éxito o fracaso de su misión se medirá en la medida que entregue o no la Presidencia de forma pacífica a quien gane las elecciones.

Aunque quedan pocos días para votar, estamos aún a tiempo de construir como sociedad un acuerdo político mínimo de respeto de los resultados electorales. Luego viene la tarea mayor que es conseguir una reconciliación real para no vivir en una nación fallida.