La concejal de Potosí, Azucena Fuertes, llegó a La Paz para presentar ante el Ministerio de Justicia una solicitud para que coadyuve en la denuncia y afirmó que el Ministerio Público ya admitió el caso y lo investiga.

El caso se conoció a denuncia de vecinos de la zona Alto Bracamonte que recibieron ocho máquinas de tejer del municipio, pero verificaron que las mismas estaban usadas, puesto que tienen signos de desgaste y hasta oxidación, informó desde Potosí la agencia noticiosa Erbol.

La concejal Fuertes afirmó que frente a Notario de Fe Pública se constató que las máquinas son de origen japonés, marca Brother, pero las mismas datan de los años 1970 y 1980, por lo que dada su antigüedad no guardaría relación con las necesidades de la población a la que supuestamente se busca beneficiar.

SÓLO CUATRO DAÑADAS

Entretanto, desde el municipio, el alcalde Cervantes aseveró que solamente cuatro de las máquinas tenían deficiencias y que se trata de compras menores, puesto que cada una costó Bs 1.300, por lo que ordenó una investigación interna y aseguró que de haber responsables “rodarían cabezas”.

A su vez, la denunciante señaló que hizo cotizaciones en La Paz y constató que 1.300 bolivianos cuesta una máquina nueva, pero sostuvo que en el municipio potosino desde 2016 se llegó a pagar hasta 4.500 bolivianos por esos equipos.  

Fuertes calcula que el daño económico al municipio de Potosí alcanza a Bs 100 mil, debido a que se supo que las máquinas fueron entregadas en varios distritos de Potosí.

Ministerio Público admitió la denuncia penal por los delitos de incumplimiento de deberes y daño económico el Estado. Ahora pide que el Ministerio de Justicia se constituya en parte coadyuvante.

Fuertes recordó que por actos similares los alcaldes de Cochabamba y Oruro ya no ejercen su cargo y están cautelados. Pide que se actúe con la misma celeridad y rigurosidad con el alcalde potosino, militante del MAS.