La Paz, 5 oct (ABI).- En la recta final de las campañas electorales, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) entregó a los candidatos el documento denominado "Seis prioridades sobre la niñez y adolescencia en Bolivia - Pautas para incorporar los derechos de la niñez en agenda pública", esto para su consideración en sus propuestas de gobierno y eventualmente para la definición de una agenda pública en favor de esa población.

El representante de Unicef en Bolivia, Rafael Ramírez, afirmó, en un comunicado de prensa, que la inclusión de la niñez y adolescencia, como tema transversal en las propuestas de gobierno de los candidatos a la presidencia, vicepresidencia, senadores y diputados nacionales, así como representantes supraestatales en las elecciones generales de 2020 es, además de una responsabilidad ética y legal de todos los bolivianos y del Estado, una apuesta para impulsar y profundizar el desarrollo económico, la equidad y el progreso social que el país ha alcanzado en los últimos años.

Las seis prioridades fueron definidas y analizadas en el nuevo contexto de la pandemia del COVID-19 y los efectos adversos que ésta tiene y tendrá en la infancia, niñez y adolescencia. Este examen de la realidad que enfrenta esa población es producto del diálogo con la sociedad civil, instituciones y organismos no gubernamentales.

La primera prioridad habla sobre el desarrollo de una política / estrategia nacional de desarrollo integral de la primera infancia. Es necesario que el nuevo gobierno impulse una política/estrategia de desarrollo integral de la primera infancia que garantice la supervivencia y salud de la madre embarazada, el recién nacido y el/la niño/a. Los servicios de salud deben contar con equipamiento, cobertura (especialmente en áreas remotas y comunidades dispersas) para satisfacer equitativamente las necesidades de salud materna y del recién nacido en todo el territorio nacional.

Asimismo, se debe impulsar la inmunización interrumpida por la pandemia del COVID-19, asegurar la nutrición adecuada de los niños menores de seis años en momentos en la que la economía familiar de los hogares ha sido afectada, así como apoyar a las familias con niños y niñas en esta etapa para que se mantenga el cuidado, el juego y la estimulación que demandan a esta edad.

La prioridad dos plantea poner fin a la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Tener una estrategia, política o plan nacional para hacer frente a la violencia contra niñas, niños y adolescentes (NNA) en todas sus formas, sobre la base de una coordinación eficiente que asegure la participación de todos los sectores responsables de la prevención y atención de situaciones de violencia, que incluya presupuesto suficiente para servicios de protección; personal especializado y permanente: programas de prevención centrados en la familia y que promuevan cambios de comportamiento.

Además, del apoyo integral a la familia como un eje importante para la reducción de la violencia y dedicar más tiempo y atención a los factores que pueden determinar niveles más elevados de violencia y atentar contra la capacidad de recuperación de los niños, sus familias y comunidades.

La prioridad tres busca garantizar que todos las niñas, niños y adolescentes aprendan y culminen el ciclo educativo. En el ámbito educativo se debe atender dos desafíos principales: mejorar el aprendizaje escolar y reducir el abandono, aumentando así la conclusión de la educación secundaria. La inversión en educación debe crecer progresivamente hasta permitir que todo niño y niña tenga al menos, educación básica de calidad.

La prioridad cuatro pide prevenir y reducir el embarazo adolescente. Es necesario fortalecer la estrategia nacional de prevención y de reducción del embarazo adolescente y de matrimonios antes de los 18 años, a partir de un diagnóstico que identifique cuáles son las poblaciones más vulnerables y se establezcan las causas para que se de esta situación.

La gestión pública debe garantizar que la pandemia no limite la disponibilidad de asistencia e información sobre planificación familiar, acceso a métodos anticonceptivos y otros servicios esenciales de salud sexual y reproductiva.

La prioridad cinco plantea impulsar la efectiva implementación del Código Niña, Niño y Adolescente en el nivel subnacional desde una visión integral y fortalecer la institucionalidad en materia de niñez.  Es importante generar una visión integral que vincule a todos los sectores y niveles de gobierno y establezca obligaciones y responsabilidades específicas para cada uno de ellos, en torno a la garantía y cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El nivel central debe hacer un seguimiento de la implementación del Código y hay que armonizarlo con otras normativas a nivel subnacional referidas a recursos y presupuestos que se asignan a las gobernaciones y municipios para garantizar los derechos de la niñez.

Por último, la prioridad seis aboga por la asignación de recursos públicos orientados a la garantía efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

"Se deben medir las asignaciones concretas de recursos en todos los niveles para conocer la prioridad que otorga el Estado al cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia.  Es necesario que el Ministerio de Economía y Finanzas, defina un codificado específico para niñez y adolescencia en el Presupuesto General del Estado que permita identificar los recursos que son asignados a este grupo poblacional, mediante una metodología de presupuestación con enfoque de derechos", finaliza el comunicado de Unicef Bolivia.
Red central-mcr/          ABI