El candidato presidencial por el MAS en declaraciones a un canal de televisión afirmó que «mientras nosotros estemos a la cabeza y ganemos las elecciones», entonces «respetaremos los resultados de las elecciones». Esta posición parece que se sincroniza con advertencias de otros dirigentes de esa corriente política.

El dirigente minero Orlando Gutiérrez, advirtió que «con el pueblo no se juega» y llamó a pasar de la resistencia a la toma del poder «por las buenas o las malas».

Mientras tanto, el gobierno alertó de estas intenciones. Fue el Ministro de Gobierno que reveló que dirigentes del MAS intentan convencer a sus militantes de que el Gobierno está preparando un fraude, y los incita a levantarse en armas el 18 de octubre, en caso de una derrota electoral de ese partido. Según el viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, el Gobierno tiene listo un plan operativo de contingencia entre la Policía Boliviana y el Ejército, ante posibles actos de convulsión social en las calles anunciados por el MAS. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, también informó que ya se trabaja en un plan para evitar que grupos violentos intenten provocar disturbios antes durante y después del día de votación.

Todos estos aprestos tienen que generar preocupación, porque demuestran que el gobierno no recurre a la Ley ni adopta previsiones acordes con los riesgos, mientras nuevamente los grupos radicales están dispuestos a cualquier extremo en su afán por imponer su ideología al país, y no están dispuestos a respetar la voluntad de los ciudadanos depositada en las urnas.

En cuanto a las amenazas de violencia y la toma del gobierno a la buena o a la mala, habría que recordar tanto al gobierno como a los transgresores, que el Código Penal prevé sanciones para este tipo de acciones. El Artículo 123º.- (Sedición), señala textualmente: «Serán sancionados con reclusión de uno a tres años los que sin desconocer la autoridad del Gobierno legalmente constituido, se alzaren públicamente y en abierta hostilidad, para deponer a algún funcionario o empleado público, impedir su posesión u oponerse al cumplimiento de leyes, decretos o resoluciones judiciales o administrativas, ejercer algún acto de odio o de venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de los particulares o trastornar o turbar de cualquier otro modo el orden público». Añade que «Los funcionarios públicos que no hubieren resistido una rebelión o sedición por todos los medios a su alcance incurrirán en reclusión de uno a dos años». También sería bueno recordar que nadie tiene el derecho de atribuirse la representación del pueblo boliviano. El Artículo 124 del Código Penal (Atribuirse los derechos del pueblo), determina: «Con la misma pena serán sancionados los que formen parte de una fuerza armada o de una reunión de personas que se atribuyeren los derechos del pueblo y pretendieren ejercer tales derechos a su nombre».

Como se advierte el gobierno solo amenaza con denunciar dichos actos, pero no actúa en defensa de la humanidad de millones de bolivianos que no dieron autorización para que a nombre del «pueblo» los sediciosos anuncien actos de violencia.

El pueblo no les tiene temor, no le impacta anuncios políticos que tienen como finalidad atemorizar psicológicamente para que no asista a votar.

De todas maneras, la dual posición del gobierno de transición está poniendo en peligro el sistema democrático.