A su llegada, los expertos guardarán una cuarentena de 10 días para reducir al máximo el riesgo de nuevos focos de contagio de la COVID-19 como consecuencia de los viajes internacionales. Durante este periodo, continuarán manteniendo entrevistas virtuales con los principales actores del proceso. 

Desde el mes de julio, cuatro expertos del Centro Carter han estado analizando los aspectos principales del proceso electoral boliviano, así como las particularidades de la organización de elecciones en tiempos de pandemia. 

El equipo analiza igualmente la propaganda electoral en las redes sociales en el marco de la legislación boliviana en este ámbito y, en asociación con Chequea Bolivia – miembro del International FactChecking Network (IFCN) – está llevando a cabo un seguimiento y evaluación de la desinformación electoral en las redes. 

Aunque el Centro Carter había planeado originalmente desplegar en Bolivia una misión de observación electoral, los desafíos sanitarios y logísticos planteados por la COVID-19 le llevaron a inclinarse por una misión de expertos más reducida, y más centrada en algunos aspectos del proceso. 

Aunque los expertos estarán en Bolivia durante la jornada electoral, el tamaño y alcance limitado de la misión hace imposible una evaluación en profundidad y a escala nacional tanto de la votación y los conteos en las mesas como de las operaciones de cómputo de los resultados. 

Por ello, el equipo de expertos centrará su trabajo en el análisis de otros elementos capitales del proceso, como el marco normativo electoral, la neutralidad, transparencia y eficacia de la organización de las elecciones, el entorno de la campaña electoral – incluida la libertad de prensa -el respeto de los derechos fundamentales en materia de participación política y el uso e impacto de las redes sociales. 

El análisis de la misión se basa en las obligaciones y principios internacionales sobre elecciones democráticas. 

El Centro Carter publicará un breve informe preliminar pocos días después de la elección del 18 de octubre. Le seguirá, en los dos meses posteriores a la conclusión del proceso, un informe más detallado que analizará sus aspectos principales, tanto los previos a la votación como los posteriores a ella, incluyendo eventuales recursos. El informe final incluirá también recomendaciones derivadas del análisis realizado por los expertos.