El caso es preocupante por lo arbitrario y muestra, además, que el partido MAS cree que sigue ejerciendo el poder y que puede disponer de cualquier arbitrariedad a su favor. Es lamentable que quienes realizan esos aportes no reaccionen y se nieguen a que se les descuente de sus haberes lo que no corresponde; es extraño que ese personal aún se someta a disposiciones arbitrarias de un partido que nada tiene que ver con las finanzas y manejos del país. El gobierno, que seguramente conoce desde noviembre pasado el extraño y delictivo proceder debería haber adoptado las disposiciones más enérgicas para evitarlo y, además, ordenar el enjuiciamiento de los que han dispuesto que siga una “costumbre” ilegal y atentatoria en contra de funcionarios de la administración pública.

Lo ocurrido señala, claramente, que las autoridades aún no tienen pleno conocimiento de lo que ocurre en sus diversas dependencias y, conjuntamente la Contraloría General de la República, deberían tomar las medidas del caso haciendo las investigaciones correspondientes en conjunción con la Fiscalía y autoridades del Poder Judicial que deberían disponer la devolución de todo lo descontado a la burocracia gubernamental que jamás debió acatar disposición tan arbitraria.