La auditoría “integral y vinculante” encargada por el gobierno de Morales a la OEA luego de los comicios de 2019, más que despejar dudas acerca del resultado, se ha convertido en objeto de disputa en diferentes niveles, empezando por su consistencia (o inconsistencia) técnica. La propia temporalidad de los informes tanto preliminar como final de la auditoría está bajo sospecha. Y hay cuestionamientos razonables en torno al “análisis estadístico aparentemente defectuoso” realizado por el organismo.

Hace poco, 28 congresistas estadounidenses, bajo liderazgo del senador Bernard Sanders, plantearon formalmente al Departamento de Estado de su país la necesidad de realizar “una revisión completa e independiente de las declaraciones e informes de la OEA sobre las elecciones de 2019 en Bolivia”. Más aún: dichos congresistas demandaron “medidas correctivas” a fin de garantizar que las misiones de observación electoral de la OEA sean independientes e imparciales, esto es, libres de mandato político.

No es casual, por ejemplo, que el cuestionado jefe de la misión electoral de la OEA el año pasado, el costarricense Manuel González, haya sido designado nuevamente por Almagro como cabeza de la misión en Bolivia. Recordemos que González, sin esperar los resultados oficiales de la votación del 20 de octubre, se apresuró a sentar la narrativa del “cambio drástico en la tendencia” y anunció precozmente “recomendaciones de cara a la segunda vuelta”.

El mismo discurso se ratificó luego en la auditoría.

Es evidente que la OEA tiene el respaldo del gobierno provisorio de Áñez, así como de varias fuerzas políticas, pero una parte de la población boliviana desconfía del organismo y de su observación electoral.

Así pues, asumiendo la necesidad e importancia del acompañamiento de la OEA en los actuales comicios, será necesario observar a los observadores.

Los comicios del 18 de octubre son demasiado importantes como para dejarlos librados a los intereses políticos de Almagro y sus misiones de observación.