El conglomerado de organizaciones, a través del documento, expresan su preocupación por la escalada de discursos de odio y discriminación que se genera en el país durante las campañas proselitistas en el marco de las elecciones generales a celebrarse el 18 de octubre de 2020.

Durante este período, las candidatas, candidatos y sectores de la población han emitido declaraciones, opiniones que reproducen estereotipos y argumentos racistas, xenófobos, homofóbicos y machistas contra diversos sectores de la población, vulnerando de esta manera derechos humanos reconocidos en estándares internacionales al utilizar este tipo de declaraciones como un instrumento de campaña electoral.

El pronunciamiento institucional recuerda que la Constitución Política del Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, filiación política o filosófica entre otros, orientados a menoscabar o restringir el acceso y goce de derechos humanos en condiciones de igualdad.

También se refieren a la ley del régimen electoral que prohíbe explícitamente cualquier acto de propaganda electoral, que por cualquier medio promueva de manera directa o indirecta la violencia, discriminación y la intolerancia de cualquier tipo.

Asimismo, los órganos del sistema universal y el sistema interamericano de derechos humanos, así como sus instrumentos vinculantes para el Estado boliviano, definen con precisión la obligación de prevenir y sancionar toda forma de discriminación hacia las personas, lo cual incluye los actos de difusión que por cualquier medio defiendan, promuevan o inciten al odio, discriminación y la intolerancia.

En este marco, Naciones Unidas ha expresado su preocupación por la inquietante oleada de xenofobia, racismo e intolerancia que se ha visto incrementado en la región, donde el discurso público se está convirtiendo es un arma para cosechar ganancias políticas con una retórica incendiaria que estigmatiza. Asimismo, ha precisado que el discurso de odio constituye una amenaza para los valores democráticos, la estabilidad social y la paz, por lo que prevenirlo contribuye a poner fin a la violencia, y a promover sociedades pacíficas inclusivas y justas.

En tal razón, un/a candidato/a que esboza discursos de incitación al odio o discriminación no debería desempeñar tal rol, pues demuestra que el umbral de “tolerancia” (un valor de la democracia) hacia el otro es mínimo. Cuando un actor político es el que construye la narrativa de odio el daño es mayor, pues este/a actor/a que busca representar los intereses de todos se constituye en catalizador del odio y discriminación, un tipo de violencia que reproduce estereotipos, estigmas y prejuicios socioculturales tendientes a la desvalorización y exclusión de determinados grupos y su vida en sociedad. Por tanto, su responsabilidad también es mayor.