“Hace un tiempo que se emitió el último informe en relación a la minería en Bolivia y se ha determinado que solo 257 cooperativas tenían licencia ambiental de las más de 1.800 que operan en el país, eso significa que alrededor del 85% no tenían licencia ambiental y las cifras no han variado desde entonces y particularmente esto se circunscribe a la actividad del oro”, estableció Héctor Córdoba, ex viceministro de minería y experto del área de la Fundación Jubileo. 

La rendición pública que presentó en enero de 2018 el Ministerio de Minería y Metalurgia estableció que entre 2006 y 2017 el número de cooperativas mineras en todo el país  se incrementó en 49,83%, vale decir, de 911 a 1816. “La mayoría están concentradas en el departamento de La Paz y llegan a más de 1.200, cerca de 1.000 son cooperativas auríferas,  mientras que las otras están distribuidas en Beni, Santa Cruz, Potosí y Oruro”, detalló Córdoba. 

Un informe público y general del Viceministerio de Cooperativas Mineras, estableció, por ejemplo, que de las más de 1.200 operaciones en el departamento de La Paz, 180 contaban hasta hace más de dos años, con licencia ambiental, es decir, solo un 15%.  A la fecha, la situación no ha variado, al igual que en otras regiones, como Cochabamba, donde el 80% de las  44 cooperativas mineras que operan carecen de licencias ambientales, según informó la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin).

Tomando en cuenta que en La Paz se concentra el mayor número de las actividades mineras y con la carencia de licencias ambientales, Saturnino Huaywa, Presidente de la Central de Lambate, Sud Yungas, afiliada a la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (FERRECO - La Paz), aseguró que el trámite para la obtención de estos permisos es burocrático y toma demasiado tiempo, por lo que de las 24 cooperativas pertenecientes a su asociación regional sólo la mitad cuenta con este documento.

“El medio ambiente nos está molestando, y es que simplemente antes no habían estas leyes. Antes los compañeros de la comunidad no sabían lo que era el medio ambiente, ahora estamos más atareados con las leyes. El trámite (para la licencia ambiental) tarda mucho. Tenemos muchas leyes encima, por eso pedimos a las autoridades que revisen y que haya mayores plazos”.

Huaywa negó que sus afiliados utilicen mercurio para sus operaciones, sin embargo manifestó que es regular el uso de dinamita y solicitó a las autoridades municipales, departamentales y nacionales  “apoyo en  maquinaria, proyectos de electrificación y diesel, porque consumimos harto”. Además piden que se abran caminos en esos sectores de explotación minera.

Explotación y deforestación constantes

Ante esta situación y recientemente, el senador por Unidad Demócrata, Yerko Núñez, denunció que cinco cooperativas auríferas llevan adelante una explotación indiscriminada en el sector de Arcopongo de la provincia Inquisivi. Pese a las constantes solicitudes de informe, las autoridades de Gobierno no dan cuenta si éstas tienen sus respectivas licencias ambientales. 

“Hemos llevado adelante una inspección a la altura del río Chaquety, para verificar diferentes denuncias sobre explotación de oro  y efectivamente hemos visto que estas cooperativas mineras están robando y destruyendo los recursos naturales, están contaminando el río con mercurio, lo que pone en riesgo la vida de los pobladores. La explotación de oro la están haciendo durante seis años”,  manifestó. 

Empero, este conflicto de explotación ilegal de oro en esa región se arrastra desde el 2014, cuando se registraron enfrentamientos entre mineros cooperativistas de la localidad Palma Flor y mineros de la cooperativa Ullakaya Condorini por unos predios en el río Chaquety con el saldo de tres muertos y 13 personas aprehendidas. En esa oportunidad, el Ministro de Minería, César Navarro resolvió parar temporalmente las actividades mineras en ese sector, “definiendo de manera estructural la cancelación de todos los trámites de explotación de las cooperativas que tienen personería jurídica y otras que no tienen personería jurídica”, manifestó la autoridad.

En ese entonces también hubo el compromiso desde la Gobernación y Ministerio de evitar cualquier tipo de actividad ilegal en esta región: “No se permitirá ninguna actividad de carácter ilegal que dañe el medio ambiente y tampoco se va a permitir que comunidades o cooperativas se enfrenten y tengamos daños humanos que lamentar”. 

Las imágenes registradas por la comisión encabezada por Núñez dan cuenta de una clara deforestación, contaminación del río, uso de combustibles y maquinaria pesada. 

Vulneración de derechos laborales

El 2016, el Viceministerio de Cooperativas Mineras, a la cabeza de José Luis Chorolque, informó que  del total de cooperativas registradas hasta ese año en Bolivia (1806), hubo un registro de más de 122 mil socios, lo que a la fecha se ha incrementado en unos  dos mil. Pero lo preocupante, que denuncia el ex viceministro de Minería, es que existen operaciones mineras que en zonas alejadas usan en sus labores a jóvenes menores de edad de unidades educativas aledañas.

“Se han visto casos que en cooperativas habrían subcontratado a terceras personas y casi en estado de esclavitud porque la remuneración era miserable. Hubo, por ejemplo cooperativas que subcontrataban a jóvenes de colegio para ingresar a lugares a los que ellos no ingresaban,  esta situación anómala es un factor que tampoco se puede controlar con facilidad, porque en algunos casos para lograr una permiso de la comunidad, las cooperativas concretan acuerdos  para que los miembros de la comunidad puedan ingresar a la mina en momentos en que sus socios salen un día a la semana y la comunidad entra para sacar mineral como una cierta remuneración por el trabajo que hacen ahí”, detalló Córdoba.

El trabajo minero requiere de un buen manejo de sustancias como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y disolventes para separar los minerales de la mena, además de dinamita  y maquinaria pesada, sin embargo, para Córdoba, el déficit de espacios laborales en Bolivia y los bajos ingresos han obligado a muchos pobladores de área rurales a pasar de sus actividades y de la agricultura a la minería con los riesgos que conlleva en su salud y su vida.  “Trabajar en una cooperativa es un sacrificio muy grande y gigantesco  y hay mucha gente que sin ser saber de minería trabaja en esto y sacrifica su vida. Además arriesga el medio ambiente al desconocer las normas elementarles del sector minero”, finaliza el ex viceministro.

Ante esta otra realidad de la minería en Bolivia el cooperativista Saturnino Huaywa pide al Gobierno mayores espacios de trabajo para “deje trabajar a los bolivianos. Porque hay harta empresa china que no deja regalías en el país y no nos dejan trabajo. Se gana algo, pero tampoco tenemos grandes ingresos”.