“Muchas familias araonas quedan indocumentadas, porque no tenemos una política que nos garantice que todos somos ciudadanos bolivianos (y) no porque somos un pueblo indígena no nos tomen en cuenta, sino que necesitamos documentar a todos especialmente a nuestros niños y ancianos”, explicó la autoridad al Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB), dependiente del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).

El pueblo indígena Araona se encuentra en el departamento de La Paz; es considerado como uno de los pueblos en estado de alta vulnerabilidad por su densidad poblacional y el escaso o casi nulo acceso a los servicios básicos, así como el de salud. Durante la cuarentena por el Covid-19, una parte de las familias migró hacia el municipio del Sena, en Pando, en busca de atención médica para las personas enfermas. Al momento se encuentra aún en el lugar.

Los documentos de identidad fueron obtenidos luego de una solicitud que realizó la Capitanía ante el Servicio de Registro Cívico (Sereci) de Pando, para la otorgación de este documento indispensable para cualquier ciudadano.

El Capitán grande declaró que, si bien en este proceso se encontraron con un conflicto de competencias debido a que ellos pertenecen al departamento de La Paz, el Sereci Pando decidió dar vía libre a su solicitud porque el pueblo indígena argumentó que ellos solo tienen acceso directo a su territorio a través del municipio del Sena, y su vínculo con el departamento de La Paz está dificultado por su ubicación entre los ríos Manupare y Manurimi, que hacen difícil y extensa su conexión con los centros poblados de este departamento.

La autoridad indicó que esta situación determinó que desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se instruya el despliegue de una brigada de Sereci Pando al municipio del Sena, donde el 24 y 25 de septiembre les emitieron los certificados de nacimiento a las y los indígenas.

Matahua indicó que también solicitaron esta prestación al Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), sin embargo, la institución no logró llegar hasta la zona debido a la paralización de sus actividades en campo por la emisión del Decreto Supremo del 16 de septiembre, que establece la incorporación de nuevos mecanismos de seguridad en las cédulas de identidad, y que se prevé aplicar después de la reglamentación correspondiente.

El Capitán manifestó que por la falta de los documentos de identidad, muchos miembros del pueblos indígena no pudieron acceder a los beneficios otorgados por el gobierno durante la cuarentena. “Algunos ancianos no tienen carnets y no pueden cobrar su renta o bono; también hay muchos niños que van a la escuela y no están registrados porque no tienen certificados de nacimiento y carnets, y no pueden cobrar el bono Juancito Pinto”, aseguró.

La Constitución Política del Estado garantiza a toda niña, niño y adolescente el derecho “a la identidad y la filiación respecto a sus progenitores. Cuando no se conozcan los progenitores, utilizarán el apellido convencional elegido por la persona responsable de su cuidado”.