Los nervios están a flor de piel en todos los frentes, básicamente porque las encuestas están dando una proyección muy similar a la del año pasado, con el MAS rondando la victoria en primera vuelta, mientras el resto de candidatos pelean la composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional confiando en que haya una segunda vuelta.

En las últimas jornadas, la tensión ha empezado a ensuciar el camino, que desde agosto venía canalizado en los cauces democráticos más o menos naturales. Tanto el Gobierno como el Movimiento Al Socialismo han empezado a hablar de “fraude”, lo que retrotrae a los votantes al octubre y noviembre del año pasado, donde las emociones se impusieron a cualquier lógica matemática. Tensionar, en cualquier caso, le beneficia a Luis Fernando Camacho, precisamente por el recuerdo, y de rebote, al MAS; que pelea su objetivo de ganar en primera vuelta aun con todo lo que ha llovido desde entonces.

Las miradas se vuelven entonces de nuevo sobre el Tribunal Supremo Electoral, el elemento clave en la contienda, y a quien se responsabiliza de todos los hechos del año pasado, pues tal vez nada hubiera pasado si el TSE no hubiera detenido el conteo rápido cuando la diferencia entre Morales y Mesa era de 7 puntos y reanudado después, con una diferencia de 10 y centésimas que le daba la victoria al MAS.

Esa acción, junto al desprestigio que venía acumulando el TSE con sus decisiones de habilitación, acabó por hacer implosionar al país entero. En la deflagración y su manejo, el Gobierno de Morales renunció y el de Áñez asumió.

En la transición, se renovó el TSE y unos y otros trataron de hacerlo lo mejor posible para enfocarse en unas elecciones limpias que dirimieran el conflicto. Después Áñez se convirtió en candidata y el TSE tuvo que remar de nuevo con los ataques del ejecutivo y del legislativo. Las insinuaciones de pesos pesados del Gabinete, como el ministro de Gobierno Arturo Murillo, y acusaciones directas de parcialización por parte de otros voceros más o menos oficiales de Juntos pusieron en el disparadero al presidente del TSE, Salvador Romero.

Romero ha lidiado con los problemas que se le han ido apareciendo. Concedió los dos aplazamientos que le pidió el Gobierno y fijó la fecha por Ley, como le pidió el Legislativo. El momento de la verdad ha llegado.

El operativo electoral debe ser impoluto, el cómputo también. Los Tribunales Electorales Departamentales deben ser magnánimos y los ciudadanos deben estar vigilantes, pero no paranoicos. Rebajar la tensión es un imperativo. El país lo necesita.