Para nadie es ajeno que el MAS trabaja de la mano de las dictaduras de Cuba y Venezuela, se documentó que trajo a Bolivia elementos de las FARC y se halla ligado al negocio del narcotráfico, y pretendió extender un mandato pasando por alto la Constitución, los resultados del 21F, y el propio Pacto de San José de Costa Rica. En su opinión consultiva del 28 de septiembre de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronunció que la reelección presidencial indefinida: 1) socava los sistemas de vigilancia y las bases de la democracia; 2) puede afectar autenticidad de elecciones; 3) puede generar ventajas indebidas en procesos electorales y afectar el pleno goce de otros derechos humanos.

A pesar de todo lo anterior, de modo insólito y salvaje, el MAS se encuentra en plena campaña electoral, sin que ningún tribunal –ni el propio Tribunal Supremo Electoral– haga nada a este respecto. Todo ello causa indignación a la mayoría de los bolivianos.

¿No se puede ilegalizar y disolver al MAS y así frenar sus embestidas antidemocráticas? Recordemos que el Tribunal Supremo Electoral literalmente se “lavó las manos” frente a una acción abstracta de inconstitucionalidad relativa a la cancelación de la personería jurídica de este partido. ¿Existe miedo?, sí. Pero la ilegitimidad manifiesta del MAS, nos hace pensar si acaso este temor no debería ser mayor en el futuro, tomando en cuenta que esta agrupación política –según encuestas de preferencia electoral– podría tener luego de los comicios del presente año, además de sus nexos oscuros antes citados, una buena parte de la Cámara Alta y en menor medida de la Cámara Baja, y el control en el Órgano Judicial.

¿Cuántos años más los bolivianos seremos testigos de la republiqueta del Chapare que dirige los destinos de la nación boliviana?