Se espera que el fallo llegue en unos tres meses y entonces quedará definitivamente enterrada la sentencia constitucional 084/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional que se apoyó en el Pacto de San José para autorizar a Evo Morales a acceder a la reelección de manera indefinida porque entendió mañosamente que ese era su derecho humano.

Lo primero que llama la atención es que la CIDH se hubiera tomado tantos años en emitir una opinión consultiva -cuando lo haga, aún no lo hizo- cuando lo natural sería que se pronunciara de oficio cuando se produce un hecho como el que ahora le ocupa, y cuando alguien hace un uso interesado y tergiversado de una norma internacional, en este caso de la Convención internacional sobre Derechos Humanos, conocida también como Pacto de San José de Costa Rica.

El artículo 23 de la citada Convención establece que todos los ciudadanos tienen derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, además de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.

Eso es cierto, pero de allí a entender el artículo como una carta blanca para que un presidente quiera eternizarse en el poder por la vía de la reelección indefinida hay unas cuantas decenas de años luz.

El caso nos recuerda los ilimitados abusos de poder en que incurrieron Evo Morales y su Gobierno durante 14 años, y el sometimiento en el que mantuvieron a todo un país amarrado de pies y manos, impotente para hacer respetar la ley, porque todo el aparato de la justicia y las instituciones fueron copadas, tomadas o compradas por el partido gobernante, el Movimiento al Socialismo.

Frente a esa práctica de acaparar todo el poder, incluso el tan criticado ‘cuoteo’ del pasado era mejor, porque al menos garantizaba una diversidad de representaciones políticas en las instituciones del Estado boliviano.

Pretender que la posibilidad de reelegirse de manera indefinida, una y otra vez en el poder, hasta morir o hasta que un gobernante decida lo contrario, sea considerada un derecho humano es -ha sido- la peor aberración política que la historia de Bolivia tendrá que recoger en su historia de manera destacada para que nunca nadie más quiera tomar el pelo a los ciudadanos con el único objetivo de instaurar un régimen lo más parecido a una dictadura.

Hay que destacar a las figuras políticas y autoridades que pusieron empeño en lograr que la CIDH por fin escuche y trate esta demanda para dejar una jurisprudencia y un fallo vinculante para los países, de manera que ningún dictador disfrazado de demócrata pretenda declararse dueño de un país que le pertenece a todos sus habitantes, y que tiene derecho, este sí, a alternar gobernantes en el ejercicio del poder para que nadie confunda la propiedad de su casa con la de todo un Estado.