"Hemos venido a Sucre a realizar dos acciones, una penal y otra ante el TCP. La demanda penal la hemos realizado ante la Fiscalía General del Estado, en contra de los seis exmagistrados que emitieron la nefasta Sentencia 084, y ante el TCP pidiendo la nulidad de dicha sentencia", informó.

Recordó que los exmagistrados que aprobaron en 2017 ese fallo fueron Neldy Andrade, Zenón Bacarreza, Mirtha Camacho, Macario Lahor Cortez, Ruddy Flores y Oswaldo Valencia.

Por su parte, el director de Movimientos Sociales, Rafael Quispe, explicó que la conducta de los exmagistrados incurrió en los delitos de prevaricato, acciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) e incumplimiento de deberes.

"Después de que el pueblo boliviano dijo no a la reelección en el referendo del 21 de febrero de 2016 (21F), el TCP por encima de la voluntad popular ha pisoteado la decisión soberana", enfatizó.

Posteriormente las autoridades gubernamentales, presentaron en el TCP una solicitud a los actuales magistrados pidiéndoles que declaren la nulidad de la Sentencia Constitucional SCP 0084/2017, que establece la reelección indefinida como un "derecho humano".

"Pedimos al TCP la nulidad de la Sentencia 084 a raíz del pronunciamiento que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-CIDH), declarando que la reelección indefinida no es un derecho humano. Esta declaración ya es contundente y creemos que el TCP, debe de oficio tomar acciones, pero como no lo ha hecho nos hemos apersonado", dijo Alanoca.

El principio de soberanía popular dice que la decisión del pueblo boliviano, como titular de la soberanía, es irrevisable. Sin embargo, el TCP examinó esa decisión del pueblo luego del referendo y estructuró una polémica argumentación para dar paso a la reelección indefinida y a la postulación de Evo Morales a las Elecciones Generales del 20 de octubre de 2019. /ABI