Los legisladores de oposición solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “acelere” la admisión de una demanda que interpusieron en contra del Estado boliviano y varias autoridades por la violación de los derechos políticos y humanos establecidos en la Constitución Política del Estado y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Los legisladores acudieron a la Corte-IDH para intentar frenar la cuarta repostulación del presidente Evo Morales en las elecciones de 2019. Observan la aplicación que hizo el Tribunal Constitucional Plurinacional sobre el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, para avalar la repostulación “indefinida” de las autoridades electas.

“Todo lo que pedimos es acelerar el proceso de admisión para determinar si ameritan medidas cautelares y que el tribunal (Corte-IDH) se pronuncie sobre el fondo de la causa”, declaró el diputado Wilson Santamaría en relación a la demanda que presentaron en el mes de febrero de 2018.

“Tenemos a bien solicitar a sus autoridades en su calidad de analistas de las diferentes peticiones, se dé premura y aceleramiento en la evaluación y admisión de nuestra petición”, dice el memorial.

Además de Santamaría, el diputado Rafael Quispe (UD) y Helmut Salinas (PDC) enviaron el memorial a la Corte-IDH pidiendo que aplique el artículo 29 del reglamento de la institución, en el marco de la tramitación inicial y fase de admisión y que de acuerdo al numeral 2 se produzca un “adelantamiento de las evaluaciones”.

El legislador teme que si el instrumento internacional se toma los plazos señalados en su reglamento, es decir, entre tres meses a cinco años, en ese tiempo se puede consumar la postulación del presidente Evo Morales en las elecciones de 2019.

Hecho que pondría en riesgos el Estado de derecho y la manifestación de la voluntad popular que se expresó en el referéndum del 21 de febrero de 2016, en el cual el 51,3% de la población se manifestó en contra de la modificación de la Carta Magna.

Argumentan que la petición está vinculada a la necesidad de un pronunciamiento antes de la inscripción de candidatos, proceso que se realizará en junio de 2019. Toda vez que si consolida la inscripción, la manifestación de la Corte-IDH sobre lo solicitado podría quedar sin efecto.

Los legisladores objetan la sentencia constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que basó su análisis y resolución en la aplicación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, bajo el argumento de la “aplicación preferente” en materia de derechos políticos.

Santamaría dijo que presentaron como prueba el cómputo del referéndum del 21 de febrero, así como una certificación del Tribunal Supremo Electoral. “Además nos hemos adherido a la comisión de Venecia”, sostuvo.