Medio: Opinión
Fecha de la publicación: miércoles 30 de septiembre de 2020
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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Las audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) muestran el rechazo de diferentes organismos internacionales a la reelección presidencial. En Bolivia, esperan la determinación final para iniciar un juicio de responsabilidades contra seis exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que en 2017 habilitaron al expresidente Evo Morales para repostularse.
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En el segundo día para analizar la opinión consultiva, ninguna intervención respaldó esta medida como un derecho humano, en el marco del 137 Periodo Ordinario de Sesiones que se realiza para recibir argumentos orales sobre la solicitud de opinión consultiva OC-28 presentada por la República de Colombia, en octubre de 2019. Se pidió la interpretación de la figura de la reelección indefinida, en la que se apoyaron también los gobiernos de Venezuela y Nicaragua para prorrogarse en el poder. El recurso hace alusión a la maniobra jurídica que hizo Morales, considerando la reelección como un derecho humano.
INTERVENCIONES
El lunes, la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los estados participantes de la primera audiencia rechazaron esta posibilidad y coincidieron en que las facultades políticas no son absolutas, pues tienen límites, porque implican un riesgo para las libertades y la democracia.
En tanto, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, ayer, pidió terminar con el "cuento" de que la reelección indefinida es un derecho humano.
"Varios gobernantes (como Evo Morales en Bolivia y Juan Orlando Hernández en Honduras) han utilizado el argumento ridículo de que hay un derecho a buscar la reelección. Es hora de terminar con ese cuento", afirmó Vivanco, a través de su cuenta de Twitter (@JMVivancoHRW).
IMPUNIDAD
El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, explicó que el fallo de los exmagistrados no puede quedar en la impunidad, después de que en el referendo constitucional del 21 de febrero de 2016, el 51.3% de los bolivianos rechazó la repostulación de Morales.
Neldy Andrade, Zenón Bacarreza, Mirtha Camacho, Macario Lahor Cortez, Ruddy Flores y Oswaldo Valencia serán denunciados por segunda ocasión ante la Fiscalía.
"El 21 de febrero de 2016, los bolivianos dijimos no a la repostulación del expresidente Evo Morales y estos "masistrados" le dieron la posibilidad de volverse a postular en contra de la Constitución, las leyes y el pueblo boliviano. Por eso, vamos a iniciar un juicio de responsabilidades a estos magistrados, apenas se nos notifique", afirmó.
El 28 de noviembre de 2017, los entonces magistrados del TCP aprobaron la Sentencia 084/2017, que permite la reelección indefinida de Evo Morales, en el que declara "la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ser la norma más favorable en relación a los derechos políticos”. Ese dictamen dejo sin efecto el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE), en el que señala que la reelección será por una sola vez de forma consecutiva.
En enero, el abogado constitucionalista William Bascopé, Roberto de la Cruz y el exmagistrado Gualberto Cusi presentaron una denuncia contra los exmagistrados por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. El jurista explicó que las exautoridades vulneraron los artículos 7 y 11, que indican que "la soberanía reside en el pueblo" y que "nadie puede ser reelecto indefinidamente".
La Fiscalía Departamental de Sucre convocó a declarar a todas las exautoridades, pero solo se presentaron Valencia, Flores, Camacho y Andrade. Hasta el momento no existe ningún avance en el caso.
Para el abogado Franco Albarracín la situación de los extribunos se agrava porque su decisión ocasionó la crisis política en el país.
LOS RIESGOS
El director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA, Gerardo de Icaza, señaló, citado por ABI, que la Corte tiene la posibilidad de ponerle fin y fijar un criterio "inequívoco" para proteger las democracias.
"El riesgo de no hacerlo es alto. Ahí es donde se han removido los límites a la reelección, las consecuencias para la institucionalidad democrática han sido nefastas", puntualizó.
La Comisión expresó su preocupación por los "efectos sociales negativos" que pudiesen ocurrir si la reelección presidencial indefinida continúa.
En ese marco, señaló que los periodos prolongados en la presidencia pueden generar, de manera progresiva, la concentración del poder y el debilitamiento del sistema de pesos y contra pesos que permiten fiscalizar adecuadamente el ejercicio de la función pública ya que no hay rendición de cuentas.
