Según el informe divulgado por la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), las mujeres de organizaciones sociales son las más afectadas en el acceso a la justicia, debido a la ausencia de mecanismos claros sobre los procedimientos y protocolos para la denuncia, tanto en las instancias estatales como en los propios estatutos y reglamentos de las propias organizaciones.

El trabajo también muestra que tan solo el 14% de las organizaciones sociales encuestadas tienen un mecanismo interno (Reglamentos, estatutos) de prevención y atención en casos de acoso y violencia. 

El acceso a la justicia sigue siendo la principal problemática. Los datos del estudio mostraron que las mujeres reclaman por la corrupción, discriminación, influencias político-partidarias, falta de recursos, poca transparencia y desconocimiento de la Ley 243 por parte de los funcionarios que reciben denuncias. 

En las organizaciones sociales rurales y urbanas, las mujeres encuentran barreras para el acceso y ascenso a espacios de decisión. Los prejuicios machistas y el acoso político las repliegan a funciones accesorias, desplazándolas de la toma de decisiones e incluso truncando su carrera dirigencial y su subsecuente participación en otros ámbitos de la política.

Lideresas de diferentes organizaciones sociales del país se reunirán entre el 21 y 22 de mayo en La Paz, en el encuentro "Por una vida sin violencia", para reflexionar sobre las barreras en el acceso a la justicia, al mismo tiempo socializar la experiencia de cinco organizaciones sociales en la adecuación de sus estatutos y reglamentos internos bajo el paraguas de la Ley 243.

La Ley 243 todavía presenta limitaciones en su implementación en los procesos de construcción de mecanismos de prevención, atención y sanción en otras plataformas, además de los espacios tradicionales de participación política como son la Asamblea Legislativa Plurinacional, Asambleas Departamentales, Gobernaciones y Alcaldías Municipales.