La respuesta final de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la reelección presidencial no tiene plazos, aunque el Gobierno espera que la misma sea conocida en un plazo no mayor a tres meses.

"No están establecidos los plazos para el pronunciamiento de la Corte, (pero después de los tres días de audiencia pública) la Corte entrará a deliberar y nosotros estimamos que en un periodo no mayor a dos a tres meses va a emitir un pronunciamiento", dijo el subprocurador del Estado, Alejandro Roda en una entrevista radial.

Este lunes se iniciaron las audiencias públicas sobre la solicitud de opinión consultiva, presentada por Colombia en octubre de 2019. El pedido se realizó en torno a la figura de la reelección presidencial indefinida, que planteaba el MAS y fue objetada por la oposición política desde 2016.

El Gobierno espera que esta resolución ponga fin a este conflicto político y que en tiempos electorales se puso de nuevo en debate. El candidato de Libre 21, Jorge Tuto Quiroga, planteó anular la reelección de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y eliminar cualquier intención prorroguista de los aspirantes presidenciales.

El subprocurador dijo que este fallo, “será de carácter vinculante por el bloque de constitucionalidad y ahí quedaría sin efecto la famosa y aberrante sentencia constitucional 084/2017, que tanto daño nos hizo al Estado boliviano y no solamente al Estado boliviano, ha causado mucho daño al sistema interamericano de derechos humanos y a todo el conjunto de los países miembros de la Organización de Estados Americanos", enfatizó Roda.

Hoy, el turno, en las audiencias,  fue de las organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, así como de ciudadanos que se presentaron a título individual. Esta etapa de argumentación en audiencia pública cerrará mañana miércoles.

Dos vocales

No obstante, el abogado, Andrés Zúñiga, explicó que lamentablemente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos del que forman parte la Comisión y la Corte, no tiene plazos y por eso se conocen casos que no tienen solución desde hace más de tres años.

Recordó que los exvocales, Antonio Costas y Dunia Sandoval solicitaron medidas cautelares a la CIDH cuando presentaron su disidencia respecto de la repostulación de Evo Morales en noviembre de 2018. Ambas autoridades eran parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) cuando sucedieron esos hechos. Hasta ahora no conocen ninguna decisión de ese organismo.

En ese entonces, los vocales recibieron advertencias públicas si no habilitaban a Morales, incluso un magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Orlando Zeballos, les advirtió con procesos si no daban curso a la polémica sentencia constitucional 084/2017. Los exvocales incluso recurrieron a la Defensoría del Pueblo para que se garantice su trabajo.

La sentencia

La cuestionada sentencia 084/2017 del TCP dio vía libre a la repostulación indefinida de Evo Morales y otras autoridades electas de Bolivia en función a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también conocida como Pacto de San José de Costa Rica).

El artículo 23 de la Convención establece que todos los ciudadanos tienen derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; además de votar y "ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores".