En las audiencias por el caso de la reelección indefinida, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fijó la posición de que la misma no está re-conocida como un derecho humano. La afirmación de la CIDH se dio en el marco de las audiencias ora-les que convocó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), para tratar el tema de la reelección indefinida a petición de Colombia. “En cuanto la reelección presidencial indefinida como un derecho humano, ni en el ámbito del sistema interamericano ni en el derecho inter-nacional se ha reconocido como tal, un derecho autónomo a la reelección presidencial indefinida”, dijo el presidente de la CIDH, Joel Hernández, durante la audiencia de este lunes. Agregó que, si bien se reconoce el derecho a votar y ser elegido, éste no es absoluto, sino admite determinadas restricciones, entre ellas a la re-elección indefinida. La consulta presentada por Colombia surgió después que países como Bolivia argumentaron que la Convención Americana de Derechos Huma-nos ampara el derecho a la reelección indefinida. La CIDH sostuvo, no sólo que el sistema interamericano no reconoce a la reelección indefinida como un derecho, sino también que permite -junto a la jurisprudencia de la Corte- establecer restricciones legítimas en cada país. Hernández señaló, en ese marco, que la restricción a la relección in-definida, cumple con el principio de legalidad y proporcionalidad. “La Comisión considera que la restricción a la reelección indefinida no solamente es convencionalmente justificada, atendiendo al principio de proporcionalidad, sino además existe una obligación estatal de limitarla para preservar el sistema democrático representativo y el ejercicio de otros derechos”, agregó. Alertó que de permitirse la reelección indefinida, se daría paso a una concentración del poder y el debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos que permite fiscalizar adecuadamente el ejercicio de la función pública. Señaló que la permanencia prolongada en el poder puede llegar a so-cavar todos los sistemas de vigilancia y afectar la autenticidad de las elecciones, generando ven-tajas indebidas a favor de la persona que busca reelegirse. También puede llevar, según la CIDH, a que se use el aparato estatal para silenciar, amenazar a las personas y candidaturas opositoras, afectando el ejercicio de los derechos políticos, la libertad de expresión y asociación existiendo inclusive persecuciones y graves violaciones de Derechos Humanos. Las audiencias virtuales continuarán hasta el 30 de septiembre, para que después la Corte tome una determinación respecto a la consulta presentada por Colombia.