La información fue proporcionada a ANF por el abogado de las comunidades guaraníes Tatarenda Nuevo y Yumao, Nelson de la Madrid, quien señaló que la asociación china podría demandar al Estado el incumplimiento del contrato luego de cumplirse las cláusulas suspensivas, en las que no se contempló la consulta. 

Sin embargo, De la Madrid observó que las cláusulas suspensivas no contemplan la consulta previa, libre e informada, y por tanto no es un óbice para la ejecución del contrato.

Las cláusulas suspensivas contemplan la suscripción por parte del Estado, el convenio de crédito externo y financiamiento, la inscripción presupuestaria de los recursos en el Presupuesto General del Estado, la presentación de garantías de cumplimiento del contrato por parte de la empresa, la aprobación de ENDE al estudio a diseño final, además de la aceptación de la propuesta técnica y económica de AAR.

"Hubiera sido interesante que dentro de esas cláusulas suspensivas estén supeditadas a la consulta previa, pero el contrato que firmó ENDE no menciona la consulta, por tanto se vulneraron los derechos de las comunidades indígenas", expresó.

Denunció que hasta la fecha tres jueces que debían ser garantes del cumplimiento de la Constitución Política del Estado en relación a los derechos de los pueblos indígenas hayan permitido que el proyecto hidroeléctrico prosiga sin el consentimiento de las poblaciones afectadas. 

El jurista dijo que en Bolivia no hay consulta previa bajo los estándares legales del Convenio la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ni la Declaración de las Naciones Unidas, y que a la fecha sólo hay un decreto sobre consulta y participación sobre actividades de hidrocarburíferas y otras que afectan a los pueblos indígenas, pero no una ley que regule este proceso.

El ministro de Energía, Rafael Alarcón dijo que si bien existe un contrato entre ENDE y la Asociación Accidental Rositas (AAR) para la ejecución de la ingeniería, construcción, montaje, suministro, pruebas y puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico, este cuenta con cláusulas suspensivas.

"No se está ejecutando las obras en Rositas, no tenemos precio en el día, hay un contrato con cláusulas suspensivas, no tenemos financiamiento, es decir, no hay obra. No se está vulnerando derecho alguno", aseguró.

Mediante proceso de contratación directa respaldado en el decreto 0181, la asociación china se hizo del contrato llave en mano por el proyecto estimado en aproximadamente $us. 1.300 millones.

A casi 18 meses de la firma de contrato, el ministro de Energía, Rafael Alarcón afirmó que el estudio de impacto ambiental recién estará en agosto y que en tanto no haya esa información no se puede llevar adelante la consulta. 

Algunas proyecciones estiman que Rositas inundará a 450 kilómetros cuadrados afectando tres áreas protegidas y tres comunidades guaraníes.