Esto refleja el pragmatismo con el que retomó sus funciones el Tribunal Supremo Electoral, bajo la premisa de que debían cumplir sus tareas evitando cualquier medida traumática o decisión que pudiera afectar a los contendientes, en términos coloquiales la principal política asumida, es la de llevarse bien con Dios y con el Diablo, eludiendo en lo posible tomar partido y tratando de alejar la posibilidad de recibir mayores presiones o de verse obligados a responder a preguntas incómodas. Un poco siguiendo el ejemplo de su Presidente Salvador Romero, que en las entrevistas da lecciones de cómo responder con evasivas y hacer de la ambigüedad una estrategia de comunicación y una filosofía administrativa, un camino que hasta ahora pudieron imponer pero que deja una estela de dudas, que puede resultar un arma de doble filo cualquiera sea el desenlace que se produzca. La razón es sencilla, no solo tienen que desarrollar una tarea administrativa, los procesos electorales no se reducen a procedimientos, contratación de servicios o logística, son más complejos que eso, porque también se deben normar y exigen la aplicación de justicia electoral, a objeto de resolver los conflictos, precautelar derechos e impedir las ventajas ilegítimas. Nadie debería estar al margen de las leyes ni valerse de mecanismos espurios para eludir sus efectos, por eso cuando surgen transgresiones o delitos electorales, tales incidentes deben ser resueltos sin dilaciones y sin ninguna excepción a la regla, porque sí de revisar la constitucionalidad se tratara, todos los afectados por una posible sanción tendrían que pedir que se revise ese aspecto en Sucre, antes de que se les apliquen los plazos y las previsiones que tiene la ley. Por eso la acción de cumplimiento de la senadora Carmen Eva Gonzales genera tanta crispación en el ambiente político, porque lo que parecía estar enterrado vuelve a ser noticia y sirve de recordatorio de un tema fundamental, que recibió arbitrariamente un tratamiento de excepción del cual salió beneficiado injustamente el partido de Evo Morales. Los primeros días de Octubre serán de debates, encuestas y se celebrará la audiencia, en la que el Tribunal de Justicia de La Paz tendrá que pronunciarse y en caso de que se la admitiera, el Tribunal Supremo Electoral estaría obligado a impartir la justicia que arteramente trató de negar, siendo una de sus responsabilidades indelegables, por eso estaremos en ascuas y pendientes de varios aspectos que indudablemente caldearán los ánimos. Es inevitable que esas políticas institucionales generen consecuencias, adoptaron una lógica peligrosa porque ante la necesidad de impartir justicia y de proclamar resultados, no existen posturas tibias y convenencieras que se puedan sostener indefinidamente, en algún momento surgirán los que se sientan perjudicados y los descontentos serán muy difíciles de manejar. Queda poco tiempo para que sepamos de qué forma se aclararán las dudas, esperemos que por el bien de la democracia se tomen las mejores decisiones y las críticas sean finalmente innecesarias, sin embargo la experiencia demuestra que cuando el avestruz esconde la cabeza en la arena, lo único que sucede es que el peligro aumenta, porque deja de ser posible cualquier reacción o defensa, perdiéndose neciamente un tiempo valioso, hasta que finalmente acabe la espera.