El fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, informó este viernes que el Ministerio Público apeló la decisión judicial que concedió la detención domiciliaria a la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, una de las principales acusadas por el presunto fraude electoral cometido en los comicios generales de 2019.

"Hemos apelado, como Ministerio Público, la determinación asumida por el juez de primera instancia y tengo entendido que el día de hoy se va a llevar la apelación", dijo Cossío.

Agregó que la Fiscalía está solicitando que se revoque la resolución que benefició a Choque para que se mantenga detenida de manera preventiva porque continúan las investigaciones.

"Ha resultado para nosotros una investigación muy compleja, (además) la pandemia nos ha perjudicado en los actos a realizar, entonces, necesitamos que aún se mantenga la detención preventiva (...) porque creemos que puede obstaculizar la averiguación de la verdad y porque hay riesgos procesales vigentes que no han sido desvirtuados correctamente", justificó.

Según el fiscal Cossio, el tema de salud es uno de los aspectos que se tomó en cuenta para conceder la detención domiciliaria a Choque y también el vencimiento del plazo de la detención preventiva.

"Pero de lo que siempre nosotros nos hemos quejado es que no están descontando los cuatro meses que no hemos podido trabajar ni investigar (por la pandemia del coronavirus y esa situación es parte de los argumentos) que estamos expresando (en la apelación)", subrayó.

Choque se encuentra detenida desde noviembre de 2019, después de que se descubrió una serie de irregularidades en el proceso electoral del 20 de octubre.

La misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) no pudo avalar los resultados de esas elecciones y luego de una auditoría determinó que hubo una "manipulación dolosa" en los datos, que dieron la victoria en primera vuelta al ahora expresidente Evo Morales.

De ese modo, las cuestionadas elecciones se anularon y todos los vocales del TSE fueron destituidos y luego sometidos a procesos penales, entre ellos los exvocales María Eugenia Choque, Idelfonso Mamani, Antonio Costas, Lidia Iriarte, Lucy Cruz y Édgar Gonzales.

Los procesados son acusados por delitos como la falsificación de documentos, uso de instrumento falsificado, manipulación informática, alteración y ocultación de resultados, previstos en la Ley 026 del Régimen Electoral.