Si algo tienen en común los frentes en carrera por la silla presidencial es que comparten silencios. El aborto y los derechos de la población LGBTI son temas tabú en la mayoría de los programas de los partidos políticos. Ninguno cumple con la paridad al cien por cien en sus listas y algunos carecen de propuestas concretas para las mujeres.

“Que no aparezcan estos temas no sorprende. Los planes de gobierno son el reflejo de una sociedad machista a la que no le interesa discutir los temas de salud respecto a las mujeres”, señala Claudia Araúz, activista del colectivo Feministas Autónomas.

En esta gestión, el péndulo electoral parece oscilar entre conservadurismo de izquierda y conservadurismo de derecha en relación a la autonomía y autodeterminación de los cuerpos de las mujeres. Ninguno de los siete programas de gobierno se atreve a hablar de aborto. Como si al  no nombrarlo desaparecieran los 185 abortos clandestinos que se practican cada día en el país, según el reporte de la Coordinadora de la Mujer.

“Hablan del tema con posturas conservadoras y retrógradas  en entrevistas; pero no está dentro de los planes, lo que es un retroceso en materia de derechos humanos”, recalca  Araúz.

No hablar de la población LGBTI no es suficiente tampoco para invisibilizar a un sector social vulnerable que tiene nulo acceso a la salud integral, baja y mala inclusión laboral y que lidia con la discriminación  cada día. Pretender gobernar un país desconociendo o negando su pluridiversidad es probablemente más que un descuido, un desacierto rotundo.

“La población marica, trans y disidente no forma parte de las agendas electorales porque la única manera de hacer política en un país en crisis como el nuestro es a través de la exclusión de los cuerpos que se sublevan al sistema de machismo que caracteriza a los candidatos. Hoy la heterosexualidad como norma, las posturas contrarias a la soberanía sexual, la discriminación, el racismo, la homofobia, la ignorancia, el fanatismo religioso y la hombría patriarcal se cotizan a un precio electoral muy alto”, señala Christian Egüez, activista de la disidencia sexual en Bolivia.

Además de lo que omiten, haríamos bien en atender qué proponen los partidos. Desde cadena perpetua para los feminicidas hasta cuoteo de víctimas de violencia en las empresas son algunas de las ideas que aparecen en los planes de gobierno de los frentes en carrera por la presidencia. 

Finalmente, lejos de la retórica, en la práctica ¿cuántas de esas organizaciones políticas componen realmente sus espacios de decisión con mujeres en igual proporción que hombres?

Las demandas de las mujeres

Los programas de gobierno permiten percibir diversas concepciones y niveles de inclusión de las demandas de las mujeres. Algunos frentes no tienen propuestas concretas, más allá de  una declaración de buenas intenciones.

Una evaluación realizada por la iniciativa Protagonistas, impulsada por la Coordinadora de la Mujer e IDEA Internacional, calificó a las organizaciones políticas bajo el criterio de cuán inclusivas son respecto a demandas de las mujeres. Los resultados van desde medianamente inclusivas hasta un nivel incipiente.

“Comunidad Ciudadana (CC) y el Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) muestran un nivel de inclusión media; Creemos,  Libre 21 y Frente Para la Victoria (FPV), un nivel bajo; ADN y Pan-Bol un nivel incipiente de corte tradicional”.

En términos generales, las organizaciones políticas apuntan a un enfoque en el que la mujer está concebida como “víctima de violencia”, por lo que proponen mejoras en la justicia y apoyo en casas de acogida. No  hay, sin embargo, grandes esfuerzos para evitar esta situación, señala la activista Claudia Araúz. 

“El que no se incluya por ejemplo educación sexual como parte de las propuestas repercute en que se siga victimizando a la infancia y privando que las mujeres  puedan planificar su familia. Está completamente naturalizada la irresponsabilidad paterna y son las mujeres las que cargan no sólo con el embarazo, sino también con la crianza; por tanto, no hay una intención real en cambiar las raíces del problema”, indica Araúz.

Propuestas  ante la violencia

Bolivia cerró la gestión 2019 con cifras color rojo sangre, 117 feminicidios fueron reportados a nivel nacional. Este año las cifras no son tan distintas. Hace un mes, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) contabilizó 83 mujeres víctimas de crímenes por razón de género. 

Libre 21, alianza política que postula a Jorge Quiroga  a la presidencia, propone  una medida fuerte en cuanto a sanción del delito: cadena perpetua para los feminicidas. Plantea  adicionalmente la creación de una defensoría para la mujer, desde donde se implementarán centros de atención integral a la mujer víctima de violencia (techo, comida y apoyo económico).

La apuesta por la institucionalidad estatal la redobla Comunidad Ciudadana (CC), organización que postula a Carlos Mesa,  con  la creación de un Ministerio de la Mujer para velar por el cumplimiento de los derechos establecidos en la CPE. El frente promete fomentar también mecanismos de certificación de igualdad de género en la estructura gerencial pública y privada.

Según un estudio realizado por el INE en 2016, más del 60% de las mujeres sufrió agresión psicológica en el momento de dar a luz en algún establecimiento de salud público; la gran mayoría no denunció por miedo, vergüenza o por naturalización de la violencia. CC propone ante ello  la creación de casas de parto para respetar tradiciones e interculturalidad y ampliar licencia por paternidad para asumir en pareja la llegada de un bebé. 

El Movimiento Al Socialismo (MAS), que tiene a Luis Arce como candidato, cree por su parte que la solución es la construcción de más  hospitales materno-infantiles. Según su plan de gobierno se construirían en Caranavi, Riberalta, Yacuiba y el trópico de Cochabamba. Duplicando más la respuesta en infraestructura, el MAS plantea construir centros integrales de atención para víctimas de violencia.

 El partido del expresidente Evo Morales  promete, asimismo, “cuantificar el trabajo doméstico en las cuentas públicas”. Es decir, calcular dentro del Producto Interno Bruto el valor económico del trabajo del hogar. No aclara cómo ni para qué.

La lógica de infraestructura como respuesta  se reitera en la escueta propuesta del Frente Para la Victoria, cuyo candidato a la presidencia es Chi Hyun Chung. Su plan es crear casas de atención y recuperación de las personas que sufren y han sufrido violencia.

Creemos, alianza que postula a Luis Fernando Camacho, propone incrementar presupuesto para fortalecer la lucha contra la violencia de género y plantea una especie de cupo laboral de la violencia:  las empresas con más de 50 trabajadores deberán contratar como mínimo a una mujer que haya sufrido o esté sufriendo violencia de género calificada por las autoridades competentes. ¿Tendrá la víctima que presentar una demanda, esperar una sentencia o tramitar un certificado médico? En el texto no lo aclaran.

Ni ADN ni Pan-Bol esbozan planes concretos pensados exclusivamente en las mujeres.

LGBTI: demandas desatendidas
 

El 21 de mayo de 2016, Bolivia promulgó la Ley 807 de Identidad de Género. Este hito dentro de las reivindicaciones de la población LGBTI no fue suficiente para garantizar derechos históricamente postergados. El año 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció a través de un fallo la inconstitucionalidad del principal artículo de la ley que reconocía “derechos fundamentales”, dejando así estancado en medio camino el avance que implicaba la norma. 

Actualmente una persona del colectivo  LGBTI puede cambiar el nombre y el dato de sexo en su carnet de identidad, pero está impedida de ejercer plenamente derechos políticos y civiles. No puede, por ejemplo, ser candidato para ejercer un cargo público de representación. Puede votar pero no ser electo.

Esta limitante les lleva a necesitar buscar “alianzas” con algún candidato para que se haga eco de sus propuestas, sin garantías de que realmente se vaya a cumplir lo que piden.

“Basta de impunidad en los crímenes de odio y feminicidios, abolición del servicio militar obligatorio, educación sexual laica y diversa en las escuelas, sanción real a los actos de discriminación por homolesbotransfobia, trabajo digno para nuestras compañeras trans, y un montón de cosas más. Si la clase política atendiera estas demandas estaríamos construyendo otro orden civilizatorio sin violencia, ni machismo” responde Christian Egüez, activista por la disidencia sexual en Bolivia cuando se le pregunta cuáles son las demandas que tiene el sector LGBTI.

Luego resume con contundencia “las demandas son las de siempre, las que nunca se atienden y siguen pendientes porque las mafias machistas, mal llamadas partidos políticos, nunca han querido atender, sino sólo de manera demagógica y usurera”.

En ninguno de los siete planes de gobierno de las organizaciones políticas en carrera electoral aparecen las peticiones de la población LGBTI. Pese a la constancia de las demandas, el tema no encuentra cabida en las agendas electorales.
 

Del dicho al hecho, la paridad

Bolivia reporta  una sub-representación de las mujeres en la vida política y en los cargos  de toma de decisión.  Para cambiar esa situación, se han venido gestando normas para incrementar la participación de las mujeres , primero  la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente (2006) y luego tanto en la Constitución Política del Estado (2009) como en una serie de leyes articuladas.

Pese a todo, las organizaciones políticas no garantizan propuestas enmarcadas en paridad y alternancia. “Estamos viendo que la participación política de las mujeres se convierte en una oferta demagógica y no en un verdadero compromiso programático”, lamenta Mónica Novillo, directora  de la Coordinadora de la Mujer.

La paridad es un medidor concreto sobre cómo los partidos ponen en práctica  sus discursos, desde el cumplimiento de la ley hasta la garantía de la participación de las mujeres para saldar la deuda de la sub representación.

Ninguno de los partidos ni alianzas políticas cumple todos los criterios de paridad y alternancia, según  revela un análisis realizado por el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, en el marco de la campaña #Protagonistas (ver tabla). 

El frente que más se acerca es Comunidad Ciudadana (98,31% de cumplimiento) y el que está más distante es Frente para la Victoria (39,2%).