Es clave que las propuestas electorales de los partidos políticos y la agenda de un nuevo gobierno se percate que el país está transitando hacia el llamado bono demográfico y proponga una significativa inversión en la población joven acorde con el incremento relativo de la misma, en tanto población económicamente activa frente a bajas tasas de población dependiente por el aún bajo peso de la población de adultos mayores y la disminución relativa de la población infantil, constituyéndose en una oportunidad para el incremento de las tasas de ahorro y el crecimiento de la economía.

Por tanto invertir en la niñez, adolescencia y juventud es un imperativo para impulsar y profundizar el desarrollo económico, la equidad y el progreso social, siendo además una responsabilidad ética y una obligación legal al ser signatarios de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y otros acuerdos y convenios de derechos humanos ratificados por el país, pero además Bolivia constitucionalizó los derechos de la niñez, adolescencia y juventud garantizando “la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente” y la “activa participación de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, económico y cultural”.

Sin embargo, esta población clave para el presente y futuro del país, tiene menos opciones y oportunidades para que sus demandas, propuestas y necesidades se tomen en cuenta en la formulación de políticas públicas, situación que hace aún más urgente su consideración en una apuesta estratégica de un futuro gobierno, puesto que el acceso a una buena salud y a una educación de calidad contribuye a la formación del capital humano y social que Bolivia necesita para consolidar el progreso social.

El desarrollo del capital humano es un proceso dinámico que comienza en las primeras etapas y continúa a lo largo de todo el ciclo de vida. La nutrición, la protección y la estimulación temprana influyen decisivamente en la posibilidad del niño o la niña para desarrollar todo su potencial en cuanto a salud, capacidades cognitivas y socioemocionales. A la vez, la inversión en educación se relaciona con aumentos en las capacidades que se requiere impulsar, especialmente en vista de los desafíos nacionales de dar el salto hacia una economía más productiva.

La posibilidad de que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes efectivamente ejerzan sus derechos depende de la implementación de políticas públicas que reconozcan y contribuyan de forma concreta e integral a este objetivo y que aborden, de manera explícita, las diferentes dimensiones de desigualdad y exclusión que obstaculizan el acceso efectivo a servicios de calidad por parte de las niñas, niños y adolescentes en mayor desventaja, principalmente por la situación de riesgo que enfrentan grupos vulnerables como los niños y adolescentes que viven en hogares pobres; quienes tienen algún tipo de discapacidad; aquellos que trabajan, viven en situación de calle o sin el cuidado de sus progenitores.

Con base en estas consideraciones Unicef, junto a la sociedad civil y diferentes instituciones, ha definido un conjunto de prioridades de la niñez y adolescencia a ser consignadas en los programas electorales, los mismos que apuntan al desarrollo de una estrategia nacional de desarrollo integral de la primera infancia, poner fin a la violencia contra niñas, niños y adolescentes, garantizar que todas las niñas, niños y adolescentes aprendan y culminen el ciclo educativo, prevenir y reducir el embarazo adolescente e impulsar la efectiva implementación del Código niña, niño, adolescente y la asignación de recursos públicos orientados a la garantía efectiva de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, aspectos que abordaremos en próximos artículos.