La arquitectura institucional existente el año 2006, gestada a lo largo de muchos años, se basaba en una estructura de pesos y contrapesos, en la que se buscaba establecer mecanismos de control cruzado en diferentes niveles del Estado. Así por ejemplo, la Contraloría General del Estado realizaba el control externo posterior, sobre el cumplimiento de los reglamentos del sistema de administración y control gubernamentales; las superintendencias generales fungían como instancia jerárquica de las decisiones de las superintendencias y de esta forma las decisiones de ésta no tenían carácter irrevisable.

 Debido a la eficacia de este sistema para mantener la independencia de la regulación respecto del Poder Ejecutivo, se extendió a lo sectorial: financiero, seguros, recursos naturales, impuestos, servicio civil y otros. 

El llamado proceso de descolonización apuntó en realidad a eliminar todos los mecanismos de control al Estado y concentró el poder normador, regulador y de control en pocas instancias del Órgano Ejecutivo. Probablemente esta desinstitucionalización, fue una de las políticas públicas más exitosas aplicadas por el MAS durante su gobierno e hirió de muerte el Estado democrático, denostado por esa agrupación política antidemocrática:

1. Se disolvieron los sistemas de regulación sectorial, financiero y de recursos naturales, conservando solo los entes reguladores sectoriales bajo la tuición del Órgano Ejecutivo.

2. El BCB, perdió toda su independencia.

3. El control externo posterior de la Contraloría General del Estado se tornó prácticamente inexistente e ineficaz. 

4. La carrera administrativa fue prácticamente eliminada del ámbito público. 

Democratizar el país no solo pasa por celebrar elecciones y recontar votos; implica rearmar el sistema de pesos y contrapesos, reconstruir la institucionalidad perdida. Sin embargo, si un solo partido llega al gobierno y toma el control de éste con la institucionalidad como está, en su afán de buscar gobernabilidad, copará los cargos jerárquicos interinos, en todas las instancias, teniendo para sí, las entidades normativas, reguladoras y de control, con lo que tendremos una “democrática” dictadura nuevamente.

Un pacto en el que las instituciones que requieren autonomía e independencia de gestión para cumplir sus funciones, o están destinadas al control de la gestión del Órgano Ejecutivo, o la regulación de las empresas estatales quede, al menos al principio, bajo el mando de profesionales capaces e idóneos y no vinculados al partido que obtenga la victoria electoral, puede permitir la independencia de las instituciones una vez que el poder sea transferido al ganador de las elecciones, hasta que se designe democráticamente y conforme a ley a los titulares.

 Fonomímica del proceso de cambio

“Proceso de cambio”, fue una de las expresiones del MAS para caracterizar su gobierno e instalar en el imaginario social la idea de transformación de la realidad que solo fue un intento de eternización en el poder. Bajo el liderazgo de un líder mesiánico, denominado “guía espiritual de los indígenas del mundo”, jiliri irpiri (gran conductor) o “enviado de Dios”, el MAS se instaló en el poder durante 14 años, durante los cuales nada cambió para bien, sino todo lo contrario. 

Si de algún proceso de cambio se puede hablar, es del cambio de denominaciones. La primera correspondió a la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ), que fue convertida en Fuerza Especial de lucha contra el crimen (FELCC), seguida del entonces Servicio Nacional de Caminos (SNC) transformado en Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Las antiguas superintendencias devinieron “autoridades” y sus atribuciones, facultades, competencias, derechos y obligaciones fueron asumidas por los ministros cabeza de sector, a los cuales estaban supeditadas (DS 71, de 9-4-09). 

Los cambios de nombre continuaron en todos los niveles. La República de Bolivia pasó a denominarse Estado Plurinacional, causando un golpe de efecto importante, dentro y fuera del país. La nueva Constitución Política del Estado incluyó una gran  cantidad de modificaciones que conviene no olvidar: 

El Congreso fue denominado Asamblea Legislativa; el Consejo de la  Magistratura reemplazó a la anterior denominación de Consejo de la Judicatura; las Cortes (Suprema y Superiores) de Justicia pasaron a llamarse Tribunales (Supremo y Departamentales, respectivamente); desaparecieron los Juzgados de Instrucción y de Partido y fueron reemplazados por los Juzgados Públicos de Materia.

Lo lamentable fue que los cambios de nombre no trajeron cambio en el funcionamiento de las instituciones. La vulneración de derechos en la FELCC se mantuvo y los negociados en la ABC también. Se extrañó el rol de las antiguas superintendencias, pues las “autoridades” fueron un fiasco. Lo sucedido en el Órgano Judicial fue patético, pues la mediocridad, corrupción y sometimiento del mismo al Ejecutivo fueron y son de terror. 

Por lo que hace a la descolonización, resulta contradictorio que quienes la hayan encabezado hayan sido abogados españoles, que experimentaron en Bolivia sus elucubraciones teóricas y también que los “nuevos” términos utilizados provengan del francés y, consiguientemente, del latín: “Asamblea” evoca la revolución francesa (burguesa) y “Magistratura” al Derecho Romano (esclavista por excelencia). Lo autóctono quedó en discurso, como la “Jurisdicción Indígena Originario Campesina”, echada al tacho de basura por la Ley de Deslinde Jurisdiccional. 

El supuesto “proceso de cambio” y la pseudo descolonización fueron puestas al servicio de un proyecto que, imaginado para 500 años, cayó a los 14, luego de la extraordinaria y pacífica movilización del pueblo boliviano.