Aunque en los últimos años se habla con más frecuencia sobre noticias falsas, no se trata de un fenómeno nuevo: las mentiras, los rumores, la información manipulada existió siempre. Lo que ahora resulta novedoso es la propagación que alcanzan gracias a las nuevas tecnologías, que facilitan el anonimato y la amplificación de esos contenidos, que suelen tener por objetivo beneficiar a una persona o un grupo de poder. 

En lo político, Bolivia Verifica analiza por un lado los contenidos comúnmente  llamados “fakenews”, que circulan en redes sociales, provienen de fuente anónima y se viralizan rápidamente; y realiza verificación del discurso público, que consiste en seleccionar declaraciones de actores políticos para contrastarlos con datos y hechos reales para probar su veracidad. 

Según el análisis del trabajo realizado los tres últimos meses en Bolivia Verifica, en el ámbito electoral existen al menos seis tipos de contenidos falsos o manipulados que se difunden por medios digitales: declaraciones falsas de candidatos que suelen utilizar logos de medios de comunicación o cuentas de Twitter para hacerlos más creíbles, encuestas falsas que benefician a diferentes candidatos, imágenes o declaraciones realizadas en el pasado que circulan como actuales (muchas de ellas ocurrieron durante el proceso electoral de 2019), bulos sobre nuevas alianzas o rupturas políticas, datos irreales sobre los planes de gobierno y, finalmente, contenidos que buscan desacreditar al Tribunal Supremo Electoral y al proceso de votación en general. 

Uno de los contenidos falsos más difundidos sobre el sistema político fue la supuesta desigualdad entre el voto rural y el voto urbano. A partir de esa teoría, surgió toda una campaña de desinformación -“un boliviano, un voto”- que genera desconfianza en el sistema electoral boliviano. 

Si bien existe una diferencia en la cantidad de personas que eligen a un diputado uninominal, esto se basa en un criterio de proporcionalidad entre departamentos y no entre el campo y la ciudad. Por ejemplo, para elegir a un diputado en Pando se necesitan alrededor de 55.000 votos frente a los casi 190 mil que necesitaría un candidato de Santa Cruz. Esta distribución se hace buscando ecuanimidad de representación entre los departamentos y no contempla criterios que involucren lo urbano versus lo rural, lo que descarta una sobrerrepresentación parlamentaria del campo.

En las últimas semanas también se generó información falsa sobre el peso de los departamentos en el padrón electoral y cuánto pueden influir en la elección nacional. Mensajes atribuidos a una alianza política señalaban que el partido que gane con el 70% de los votos en Santa Cruz,  tenía asegurada la Presidencia del Estado. Ese dato es falso. Según el padrón electoral presentado la semana pasada, La Paz es el departamento con mayor número de votantes (27,3% del total), le sigue Santa Cruz (26,8%) y Cochabamba (19%). El candidato que gane en esos tres departamentos, que suman el 73% del padrón, puede tener asegurada la victoria a nivel nacional. 

Pero solo con arrasar en Santa Cruz no basta. Si se hace números con la información que circula en redes, asumiendo que todos los inscritos van a votar y que el 70% vota por el mismo candidato, habría un impacto del 18,7% en la votación nacional, lo que prácticamente resulta insuficiente para definir la Presidencia.

En septiembre se intensificaron los contenidos que apuntan a desacreditar al Órgano Electoral. Uno de ellos fue la supuesta contratación de la empresa encuestadora Viaciencia para realizar la difusión de resultados preliminares (Direpre) el día de la elección y se vinculaba a esta empresa colombiana con el Movimiento Al Socialismo. Esta información fue desmentida: el TSE contrató en marzo a la firma británica Reckon Digital para desarrollar el software para el Direpre y el cómputo oficial.

Luego circuló información sobre la cadena de custodia de las actas electorales. Se mencionó falsamente que éstas serían trasladas por policías y militares, sin resguardo de la sociedad civil. La desinformación surgió el 2 de septiembre, cuando el TSE firmó un convenido de cooperación con ambas instituciones para garantizar la seguridad en la votación. El traslado de las actas electorales se realiza con notarios electorales, presentes cuando las papeletas y las actas se trasladan a los recintos electorales y cuando se llevan al centro de cómputo. Este proceso es resguardado por fuerzas seguridad y puede ser acompañado por los jurados electorales.

A mediados de septiembre se difundieron rumores que apuntaban a generar dudas sobre la seguridad en la impresión de papeletas electorales, con mensajes que indicaban que un familiar del entonces candidato a vicepresidente Samuel Doria Medina, era parte de este proceso. La empresa contratada para la elaboración de las boletas es Lara Bisch, una sociedad anónima elegida mediante licitación publica de la cual no puede conocerse el nombre de los accionistas. No obstante, todo el proceso de impresión de papeletas cuenta con vigilancia del organismo electoral y la Policía Boliviana.

Estas últimas informaciones manipuladas y que se viralizaron en redes sociales merecen un análisis especial, porque restar credibilidad a la institución que organiza los comicios es particularmente peligroso en este momento de nuestra historia. Que se lancen mentiras contra los candidatos no es ético, pero es entendible. En cambio difundir mentiras para sembrar dudas sobre el Órgano Electoral puede causar daños irreversibles en la democracia. Habrá que preguntarse entonces ¿alguien gana atacando al árbitro?