Más allá de las comprensibles reservas de algunos colegas sobre los alcances de lo peticionado en relación con la cosa juzgada, omitiendo reparar en que universalmente no se logra ese estado a través de la grosera vulneración de derechos fundamentales, el desconocimiento de la voluntad ciudadana expresada en un referéndum vinculante y otras consideraciones expuestas en nuestra petición; resulta que el TCP está constitucional y legalmente obligado a dar una respuesta –afirmativa o negativa, exponiendo sus razones jurídicas- a esas diversas peticiones formuladas: ¿Por qué no lo hace pese al abundante tiempo transcurrido? ¿Está blindando aquel esperpento en espera de mejores días para el MAS que burlando la voluntad ciudadana expresada en las elecciones judiciales les rechazó y pese a ello están orondos en sus cargos? ¿Siguen cumpliendo instrucciones desde Bs. As y/o de la embajada mexicana en la sede?
A esta altura del trámite, los actuales Magistrados del TCP están incumpliendo demostrablemente sus deberes legales y constitucionales, rifando la mejor oportunidad para –en alguna medida- redimir el peor producto producido por el indigno sometimiento de sus predecesores, consagrados como juristas del horror al servicio no de la CPE, los IIII y la ley, sino al poder partidario que los puso de MASistrados. ¿Darán la talla o confirmarán también, de su parte, esa denigrante condición? Es hora que el TCP asuma su verdadero rol y termine con el holocausto jurídico que sus antecesores causaron, huyendo de aquello del Padre José Gramunt de Moragas S.J.: “El curso diabólico de la injusticia que campea en los tribunales del país”.
