La objetividad, imparcialidad, profesionalismo y la independencia se mantienen como elementos indispensables del actuar judicial electoral.

Es el respeto irrestricto de los derechos político-electorales de los individuos y la congruencia con los valores democráticos lo que distingue a la justicia electoral.

La conducta de los servidores judiciales electorales debe guiarse particularmente por los principios de constitucionalidad, neutralidad, transparencia, excelencia y exhaustividad. Estas directrices son garantía de una impartición de justicia que no sólo va de acuerdo con la ley, sino que también toma en cuenta valores éticos en favor de una interpretación más amplia de las normas a favor de la participación de los ciudadanos y la construcción de una ciudadanía más democrática.

De esta manera, la impartición de justicia electoral debe realizarse con apego a la legislación aplicable, expresarse en un lenguaje claro, y sus decisiones deben ser identificables con el derecho y las sanas prácticas. Las personas servidoras públicas de los órganos de justicia electoral tienen la obligación de cumplir con sus responsabilidades de forma independiente, sin favorecer a algún actor de la contienda electoral, pues la credibilidad y confianza en los resultados dependen en buena medida de un proceso imparcial.

Mención aparte merece la transparencia del actuar judicial electoral, ya que es característica fundamental en la toma de decisiones públicas. La transparencia debe entenderse desde dos sentidos: en primer lugar, como una obligación de las instituciones —en este caso del impartidor de justicia— y como un derecho de los ciudadanos. Es la transparencia una condición indispensable para la confiabilidad y certeza jurídica del proceso electoral, pero sobre todo es un elemento de legitimidad del modelo democrático.

Por último, el juez electoral debe realizar un trabajo minucioso y exhaustivo en favor de la excelencia de su labor y una óptima prestación del servicio público.

Este compromiso incluye también un proceso de capacitación y actualización constante que contribuya a un desempeño óptimo en la impartición de justicia.