Áñez subió al poder con la premisa de pacificar el país e impulsar los comicios electorales para elegir a un nuevo mandatario, luego que la crisis social por causa del denominado fraude electoral derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia el 10 de noviembre de 2019.

Tras una relativa calma en el país, en los primeros meses del gobierno de Áñez (diciembre a marzo) salieron las pugnas internas marcadas sobre todo por presiones, injerencia y despidos; a ello se sumó que el MAS denunció nepotismo por la designación de la hermana del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, como cónsul de Bolivia en Miami (EEUU); también el Gobierno develó cobros ilegales y ventas de cargos al interior de los ministerios de Educación, Comunicación y Culturas con el fin de cortar esos actos.

Con la llegada del coronavirus a Bolivia empezó a destaparse uno a uno distintos casos de corrupción del actual Gobierno, algunos referidos a compras con presunto sobreprecio y vía intermediarios de respiradores (chinos y españoles) y gases lacrimógenos; otras son denuncias de irregularidades en las estatales Entel, YPFB, BOA, Ende y DGAC; uso irregular de aviones de la FAB; y recientemente el exprocurador General del Estado, José María Cabrera, denunció que se impulsa una privatización de la Empresa Nacional de Electricidad (Ende).

De los 24 casos, 18 son investigados en el Ministerio Público, ninguno llegó aún a la etapa de juicio oral. Algunos terminaron en escándalos con la destitución de autoridades y otros procesos están en investigación interna en instancias del Estado. La mitad de los casos fueron denunciados por el mismo Gobierno.

Para el diputado del MAS, Flanklin Flores, algunas personas a nombre de un partido político se encaramaron en el Gobierno para asaltar las arcas del Estado, solo así se explica que en nombre de la pandemia saqueen recursos, mientras la población padece problemas de salud y desempleo.

“El que sufre de este robo y saqueo es el pueblo boliviano que no tiene el pan del día, el desempleo, la crisis económica, gente que ha sido despedida, cada tres bolivianos no tiene nada que comer, seis de cada 10 bolivianos están en el comercio informal, 200.000 trabajadores han sido despedidos del sector construcción, porque este Gobierno políticamente ha decido paralizar obras, de caminos, obras de hospitales, de colegios y otros que ya estaban con presupuesto”, refirió Flores a ANF.

El diputado de Unidad Demócrata (UD), Amílcar Barral, considera que estos casos deben investigarse y no debe haber protección para nadie, “los que hayan sido culpables, más si han jugado con la salud de los bolivianos, eso es un crimen, y tienen que estar en la cárcel”.

El costo político de la corrupción

Esos hechos mermaron la imagen de Jeanine Áñez, muestra de ello es que de febrero a septiembre bajó de 16.5% a 10.4% en la preferencia electoral, de acuerdo a encuestas de Ciesmori. En otra encuesta difundida la semana pasada por la alianza de la sociedad civil Tu Voto Cuenta, la mandataria cayó a un tercer lugar con 7.7%, detrás del candidato de Creemos, Luis Fernando Camacho (10%).

El abogado y analista, Eusebio Vera, considera que estos hechos registrados “en tan poco tiempo” afectaron la imagen de Áñez en su carrera hacia las elecciones del 18 de octubre, muestra de ello es que tuvo una caída en la preferencia electoral, de acuerdo a las últimas encuestas difundidas.