Si bien ese tipo de apoyo económico es importante, principalmente para las familias de escasos recursos, lo lamentable es que desde la creación del primer bono denominado BonoSol (creado en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada), ahora Renta Dignidad, fue concebido con fines político partidarios.
En el gobierno del expresidente Evo Morales se dio vida al bono Juana Azurduy, que consiste en la entrega de 50 bolivianos por cada control prenatal a las mujeres durante el embarazo, 120 en el parto y a partir de ese momento reciben 125 cada dos meses para la revisión médica del bebé hasta que cumpla dos años. También se creó el bono Juancito Pinto, que es un pago anual de 200 bolivianos como incentivo para reducir las tasas de inasistencia y abandono escolar y para incrementar la matriculación y permanencia de los niños en los centros educativos del país. El tercer incentivo es de 1.000 bolivianos para los bachilleres destacados, un hombre y una mujer, de cada unidad educativa del país.
Para paliar los efectos del COVID-19, el gobierno de Jeanine Áñez aprobó el pago del Bono Familia de 500 bolivianos por cada hijo que asistía a una escuela pública o privada; el Bono Universal, también de 500 bolivianos, para las personas que no tenían un ingreso fijo y tampoco se beneficiaron de ningún otro incentivo económico, y el Bono Canasta Familiar de 400 bolivianos.
Ahora, en plena campaña electoral, las siete organizaciones políticas que participan en los comicios para elegir al nuevo presidente han asegurado que mantendrán los bonos, es más, algunos prometen que aprobarán otros para mover el aparato productivo y económico del país.
Es el caso del candidato del MAS, Luis Arce Catacora, quien plantea que reactivar la economía es “reanimar” la demanda interna con la entrega permanente de bonos de 1.000 bolivianos.
Es claro que, considerando la situación económica del país, cualquier apoyo o incentivo es bienvenido, sin embargo, es necesario que se considere que para pagar cualquier bono se requiere de un respaldo económico. No se puede jugar con los bolivianos ofreciendo pagos que no se concretarán. No podemos de dejar de lado lo que está sucediendo con el Bono del Hambre de 1.000 bolivianos, que tiene una ley, incluso está reglamentada, pero no hay dinero para cancelarlo.