Durante una conferencia de prensa en instalaciones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), la máxima ejecutiva de la Subcentral de Tariquía, Paola Gareca, junto al representante del  Colegio de Ingenieros Ambientales de Tarija (CIAT), Carlos Soruco y Janeth Alfaro por parte de los activistas tarijeños, alertaron del riesgo que corre la reserva.

La dirigente Paola Gareca dijo que en vista de la ambición desmedida del Gobierno por concretar contratos petroleros, la Constitución Política del Estado que establece el derecho de las comunidades a ser consultadas mediante procedimientos apropiados a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas, administrativas, susceptibles de afectarles, se adoptaron decisiones.

“El Gobierno pretende destruir nuestro hogar entrando con resoluciones ilegales a los campos de San Telmo y Astillero, ya que amenazan con ingresar por las buenas o por las malas a explotar la reserva (…). No vamos a permitir que ingresen a la reserva de Tariquía a explotar porque nunca nos consultaron”, afirmó.

Gareca dijo que el único medio que puede dar consentimiento a las actividades petroleras en Tariquía, es la consulta previa que no se la hizo. “Primero, defenderemos nuestro territorio hasta con nuestras vidas, Tariquía es el futuro de nuestros hijos, no dejaremos de luchar (…). Exigimos la nacionalización de los hidrocarburos y la exclusión de las petroleras que solo están dejando miseria”, señaló.

Por su parte, Janeth Alfaro dijo que en Tarija varios colectivos ciudadanos con el apoyo de algunas instituciones como la Gobernación y la Alcaldía respaldan la defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, por su importancia para garantizar de agua a la capital y el equilibrio del ecosistema.

“Tarija está en emergencia, está apoyando el alcalde, el Gobernador, y ante el atropello pedimos la anulación de esos contratos, ya que la consulta no es válida si la quisieran hacer recién porque el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez actuó por debajo de la mesa con los aliados del MAS”, afirmó.

Carlos Soruco del Colegio de Ingenieros Ambientales de Tarija alertó que Tariquía podría sufrir consecuencias ambientales similares a las de Aguaragüe donde a título de desarrollo se generaron impactos socioambientales irreversibles como consecuencia de la actividad petrolera.

“Tariquía es una reserva creada en 1989; abarca 470 mil hectáreas, tiene diversidad de especies y es un área vital para la provisión de agua y lluvias, por eso nos vemos alarmados con el tema exploratorio que nos pone en máxima alerta a las universidades y a los colegios de profesionales”, dijo.

Lamentó que desde el Gobierno se promueva el enfrentamiento entre pobladores de Tarija en torno a los contratos petroleros que se pretenden ejecutar en Tariquía,  y que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) no cumpla sus funciones a título de imponer un modelo de desarrollo que no dio buenos resultados en Tarija.