Crear ministerios, empoderar económicamente a las mujeres, implementar una justicia con enfoque de género o endurecimiento de penas con cadena perpetua para feminicidas y violadores. Estas son algunas de las medidas que plantearon la noche ayer en el programa 8 Proponen los representantes de los partidos  para poner fin a una lacra que no cesa: la violencia contra las mujeres y los niños.

Bolivia es el país con los índices más altos de violencia machista e infantil de la región. Hay varios tipos de violencia: la física, la psicológica, la sexual y la social, que adoptan  formas como la prostitución forzada, la trata y tráfico, el acoso, la violación y  el asesinato. En lo que va del año, el Ministerio Público reportó 86 feminicidios y 42 infanticidios. El hogar fue para la mayoría de estas mujeres y niños su sentencia de muerte.

Patricia Callaú de Creemos, Carlos Pérez de Acción Democrática Nacionalista (ADN), Daniela Ramos de Libertad y Democracia (Libre 21), Jannette Huacani del Partido de Acción Nacional (Pan-Bol), Vania Sandóval de Comunidad Ciudadana (CC), Sandra Aguilera del Frente Para la Victoria (FPV) y Estefanía Morales del Movimiento Al Socialismo (MAS) fueron los panelistas del  último programa de 8 Proponen, en el que dieron a conocer los planes de gobierno que tienen sus partidos para frenar este flagelo. 

Prevención de la violencia 

“¿Qué rol deben jugar las instancias estatales, como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Comunicación, para avanzar en acciones sostenidas de prevención?”.

Creemos sugiere la creación de un ministerio de la familia y la juventud que trabaje en coordinación con los de Educación y Comunicación. También plantea promover una cultura sobre la base de principios “éticos” y “morales” para garantizar la integridad familiar y proteger la vida desde la concepción. ADN propone un diagnóstico de las causas que generan este tipo de violencia, entre las cuales estarían, según su criterio, la pobreza. Para erradicarla proyecta instaurar un modelo de Estado liberal.

Entre las principales propuestas de Libre 21 están la coordinación de actores sectoriales e institucionales para proporcionar intervenciones integrales que contribuyan a cambiar los roles, los valores, las creencias y las prácticas basadas en el género, y el empoderamiento de la población desde la infancia en temas relacionados con la igualdad de género.

Pan-Bol pretende hacer énfasis en la educación de los menores para que conozcan sus derechos y obligaciones.

CC propone una política pública de “prioridad nacional” y en coordinación con instituciones de toda la sociedad. Asimismo, plantea acciones concretas de prevención desde ambos ministerios (Educación y Comunicación) con el fin de desmontar las causas estructurales de la violencia, las cuales estarían enraizadas en la propia cultura.

Para prevenir esta lacra, el FPV alude a la necesidad de fortalecer la educación.

El MAS plantea la especialización y sensibilización de los servidores públicos que trabajan en instancias de protección; el empoderamiento económico de las mujeres, la implementación de una justicia con enfoque de género y, por último, promover programas de sensibilización a través de los diferentes medios de comunicación.

Reasignación de recursos 

“¿Qué medidas pueden ser tomadas para asegurar incrementar los presupuestos asignados a la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la infancia, de dónde pueden provenir los recursos?”

Creemos propone dar un impulso tanto en términos políticos (Ley 348 y Ley 548) como presupuestarios para fortalecer la lucha contra este tipo de violencia. 

Para ADN, el problema no es de presupuesto, sino de valores y plantea reforzar la educación religiosa. Además, proyecta burocratizar el matrimonio mediante la creación de una conserjería que eduque y asesore a las parejas antes de casarse.

Las medidas de Libre 21 están centradas en promover la transparencia y eficiencia en la rendición de cuentas a fin de evitar la corrupción; un pacto fiscal para determinar las competencias y responsabilidades de cada nivel del gobierno y velar así por los recursos destinados a igualdad de género y erradicación de la violencia. Y, por último, incentivar económicamente a las regiones que mejor desempeño tengan en el cumplimiento de metas como equidad de género, entre otras.

Ante esta pregunta, la solución de Pan-Bol pasa por acelerar la respuesta judicial en los procesos de violencia de género.

En tanto que CC propone destinar recursos del TGN y recortar los gastos de propaganda gubernamental para asignarlos a una política pública de erradicación de la cultura de la violencia contra las mujeres, niños y niñas.

El FPV plantea crear fuentes laborales para dar estabilidad a las familias. El MAS, por su parte, propone fortalecer los consejos sectoriales, en los que participan actores públicos y civiles, para que puedan dar seguimiento a todos los casos de violencia.

Reformas del sistema judicial

“¿Qué reformas se pueden plantear en el sistema judicial para evitar la impunidad en casos de violencia contra las mujeres y, en particular, feminicidio y violencia sexual?”, fue la tercera de las preguntas. Creemos plantea fortalecer el Órgano Judicial e instaurar la meritocracia en la designación de los magistrados.

Según ADN, la impunidad se deriva de la corrupción judicial y, por ende, sugiere luchar contra ésta. Libre 21 propone reformar el Código Penal y endurecer las penas por violencia de género e intrafamiliar, imponiendo sanciones de cadena perpetua para feminicidas y violadores. De igual modo, plantea poner a disposición del sistema judicial las nuevas tecnologías y permitir la cooperación entre la justicia y los servicios de inteligencia.

Pan-Bol proyecta la creación de un ministerio social que proteja a los sectores más vulnerables en caso de maltrato. CC sugiere crear un nuevo sistema judicial con centros integrales de apoyo a las víctimas en los municipios. El FPV ambiciona que la justicia cumpla con su deber.

El MAS propone la selección de autoridades judiciales por meritocracia y que  cumpla la Ley 348 y a la CPE para garantizar la celeridad de los procesos.
 

Cifras  alarmantes

• Denuncias   Hasta junio de 2020, la Fiscalía recibió 13.943 denuncias de violencia doméstica contra la mujer (un 84% del total de denuncias recibidas a nivel nacional). Durante la pandemia se registraron 12.540 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes.
• Muertes En lo que va de año, el Ministerio Público reportó 86 feminicidios, de los cuales 57 ocurrieron durante la cuarentena; y 42 infanticidios (23 de ellos durante la cuarentena).
• Violaciones Se estima que en Bolivia ocurren nueve casos de violencia sexual al día, de los cuales cinco son mujeres y cuatro niños y niñas. Durante la cuarentena el promedio de violaciones fue de siete por día.
• Impunidad  De todos los procesos judiciales iniciados por los casos de violencia de género e infantil, menos del 2% terminaron con  sentencia.