Las intenciones de esta organización fueron admitidas a poco de haber asumido el poder, en 2006. Más de un dirigente dijo, entonces, que el MAS había llegado para quedarse 50 años, pero nosotros, los bolivianos, acostumbrados a gobiernos erráticos y poco duraderos, no les creímos. Fue nuestro principal error.

Incluso desde antes de la posesión de Evo Morales y Álvaro García, el MAS comenzó a trabajar para la reelección que no preveía para una vez, sino indefinida. Para ello, la única vía era la reforma constitucional, pero como las cosas iban más allá, una parcial no era suficiente. Tenía que aprobarse y ponerse en vigencia una nueva Constitución.

Y así, con el valioso pretexto de la “agenda de octubre”, se convocó a una Asamblea Constituyente.

Todos sabemos lo que pasó con esa asamblea y cómo se aprobó la actual Constitución Política del Estado, en un cuartel y lejos de su sede original. Lo que no vimos, por las obvias limitaciones de tiempo y espacio, fueron sus efectos.

Uno de ellos, quizás el más pernicioso, es el estado catastrófico al que ha llegado la administración de justicia debido a la introducción del voto universal para la estructuración de las cúpulas del Órgano Judicial. Eso fue, como los hechos lo han demostrado, politizar la justicia que, ahora, responde claramente al esquema masista.

Con el paso de los años, los casuismos fueron mostrando que el Estado boliviano se reestructuró con el fin de favorecer al MAS y a sus aliados. Un claro ejemplo es el régimen minero, que favorece al sector privilegiado que supuestamente trabaja en el sistema cooperativista, porque ha dejado en claro que se debe respetar sus derechos “preconstituidos”. Eso significa mantener los privilegios de los que gozaba sobre concesiones hasta antes de promulgarse la nueva Constitución.

Las preferencias del jefazo también se hacen evidentes. Cuando se habla de las nuevas empresas autárquicas del sector minero, se incluye a Oruro, pese a que la mayor producción de minerales siempre fue la potosina. Y lo propio ocurre con el litio que, aunque no aparece en la Constitución, se ha sometido a un régimen que, para empezar, está fuera del sector minero.

Seguir con la revisión demandaría todo un tratado así que cerremos con lo evidente: el MAS ha reestructurado el Estado para su propio beneficio así que pretende volver a controlar el Órgano Ejecutivo para terminar ese trabajo. Quería gobernar 50 años… le faltan 36.