Las declaraciones de la Jefa de Estado se registraron durante su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde cuestionó la protección que brinda el gobierno del presidente, Alberto Fernández, al exmandatario Evo Morales, en referencia a la intromisión de funcionarios argentinos en el proceso electoral de Bolivia.

"¿Cuál es la autoridad que tiene el Gobierno argentino para hacer de la intromisión la clave de su política exterior hacia Bolivia? y ¿cuál es la autoridad que tiene para amparar una conspiración violenta de Evo Morales contra la democracia desde suelo argentino?", cuestionó Áñez.

En esa línea, la presidenta criticó al Gobierno argentino por no asumir ninguna acción ante las investigaciones que se iniciaron contra Morales, por la violación de derechos humanos, además de los presuntos abusos contra menores y por su supuesta complicidad en un asesinato político.

"¿Cuál es la autoridad del gobierno argentino para ofrecer impunidad a Evo Morales ante casos tan graves como las investigaciones nacionales e internacionales que están en marcha contra este exdictador, por violaciones a los derechos humanos, por violaciones sexuales contra niñas o mujeres menores de edad o por complicidad en asesinato político?", manifestó la mandataria.

Este miércoles, Ánez realizó su segunda intervención en la Asamblea General de la ONU. La primera fue, hace poco, en la reunión de alto nivel para conmemorar el 75 aniversario de esa organización.

En esa ocasión, la Presidenta denunció el "acoso sistemático y abusivo" que ejerce el "gobierno kirchnerista", desde Argentina, contra las instituciones y los valores republicanos de Bolivia.

No obstante, aclaró que la crítica no es contra el pueblo argentino ni contra el país hermano, sino, contra algunas de sus autoridades y la conducta de las castas populistas que no dudan en utilizar métodos "francamente abusivos" para sostener sus planes y sus posiciones contrarias a la libertad.

El 1 de septiembre, la Cancillería formalizó una queja ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la ONU por la injerencia del Gobierno argentino en el proceso electoral boliviano.

El reclamo se presentó luego de que el subsecretario argentino de Obras Públicas, Edgardo Depetri, manifestó, el 22 de agosto, que se reunió con el expresidente Evo Morales y se comprometió a "fortalecer la participación de migrantes bolivianos" en las elecciones.

En tanto, la ministra argentina de la Mujer, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez, envió una nota al secretario general de la ONU, António Guterres, en la que se asegura "que el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez se negaba a llevar adelante las elecciones nacionales".

No obstante, la canciller Karen Longaric reiteró, en varias oportunidades, que esa información es "engañosa" debido a que los comicios generales están confirmados para el 18 de octubre.

Después de dichas declaraciones, el Canciller argentino, Felipe Solá, recordó el 8 de septiembre que Argentina no reconoce al gobierno de Áñez y que solo mantiene relaciones consulares, sobre todo, por la gran cantidad de bolivianos que residen en el vecino país.

Ante este panorama, la mandataria afirmó que el populismo kirchnerista debe saber que ese país no es propiedad de ninguna casta, además que es un pueblo soberano y respetable.

"Bolivia se respeta, la democracia boliviana se respeta y el pueblo boliviano se respeta", manifestó.