Gracias a la crisis Integral desatada por la pandemia del covid-19 quedan reveladas, para las próximas elecciones nacionales, los alcances que tienen las ofertas que presentan los distintos candidatos. La crisis es Integral porque impacta en todos los órdenes de la vida de la sociedad, en términos de condicionar su funcionamiento. Además, en Bolivia se tensionó el ambiente político a un nivel mayor por cuanto se mantiene pendiente la resolución democrática, del conflicto político constituido con fuerza en febrero del 2016, en ocasión del rechazo nacional a la perpetuación del esquema dictatorial delincuencial del gobierno de entonces, el Movimiento al Socialismo (MAS).

Desarrollaremos estas líneas primero refiriéndonos a la situación política que contextualiza al proceso electoral, para luego volver a insistir en torno a la crisis Integral. A través de ambos momentos de nuestra reflexión intentaremos mostrar la manera en que se deslizan las características socio-políticas en las candidaturas; a las que nos referiremos en el acápite de las conclusiones.

La correlación política y social de fuerzas originada al menos durante la última década, adelanta una agregación democrática nacional, a manifestarse en las próximas elecciones. La actual correlación de fuerzas en realidad es la extensión de la configuración que comenzara en la resistencia democrática al gobierno delincuencial del MAS. La manifestación de esa nueva configuración social y política se caracteriza por un doble movimiento complementario: la desagregación del bloque nacional-popular y la agregación de un nuevo bloque, el nacional-democrático. De esa manera, en las próximas elecciones se manifestará no únicamente la continuidad de ese proceso, sino también la expresión, grosso modo, de lo que podríamos considerar una fotografía del estado de la situación.

Para que la actual correlación de fuerzas se iniciara durante la narco-dictadura de Evo Morales, mucho tuvo que ver la corrupción generalizada -semejante al asalto gansteril a la administración pública-, la incursión del crimen organizado en las instituciones centrales del Estado, el autoritarismo, la orientación anti-indígena (en particular en contra de los pueblos indígenas de las tierras bajas), el ecocidio por medio de la aprobación de instrumentos legales para permitir la tala y quema de bosques y el abierto desconocimiento al ordenamiento constitucional, por parte del entonces gobierno. Estos signos, de claro tinte antidemocráticos, comenzaron a expresarse de manera inconfundible a inicios de la década de 2010 y alertaron a la sociedad en general.

En el movimiento de la agregación nacional-democrática en paralelo a la desagregación nacional-popular, debe despejarse algunas confusiones. René Zavaleta Mercado precisaba que en realidad era una simplificación identificar a la oligarquía (en el léxico de la época) con lo antinacional y a lo popular con lo nacional, porque la historia nos muestra ejemplos en los que lo nacional se expresó por medio de la oligarquía (como con Andrés de Santa Cruz, en el siglo XIX en Bolivia o Portales en Chile), mientras que lo antinacional puede expresarse también en ocasiones a través de lo popular. Para ello la historia reciente, con el gobierno del MAS, es por demás ilustrativa. En cualquier caso, lo que importa es la proyección que se ofrece para que la forma primordial de la nación pueda expresarse y así ejercer la principal potestad de toda nación, cual es su soberanía. Se entiende, entonces, que la condición para ello, en los países latinoamericanos, será la preservación de la agregación social a nivel nacional a fin de impulsar, institucionalmente, por medio del Estado, el ejercicio de la soberanía bajo un proyecto nacional de desarrollo. En el caso del gobierno del MAS vimos que la ausencia de un proyecto nacional de desarrollo fue sustituida por el proyecto particular del crimen organizado; así la desagregación nacional tuvo como respaldo social a lo popular, con lo que la posibilidad del ejercicio real de la soberanía terminó por diluirse. Por ello hablamos del gobierno del MAS, efectivamente como un gobierno antinacional.

En lo institucional la pandemia ha encontrado a Bolivia con un sistema de salud en virtual estado de colapso. Cerca de una década y media de descuido por parte del gobierno, ha colocado al país en las más difíciles condiciones para hacer frente a la propagación de la enfermedad. Las carencias fueron de todo orden: falta de recursos humanos, falta de equipamiento, falta de presupuesto económico y la lista continúa. Por otra parte, el impacto de la pandemia se ha manifestado principalmente en la actividad económica, la producción industrial de alimentos, la agricultura. Este impacto ha irradiado a su vez sus efectos perturbadores en la dinámica de la vida social, obligando a la suspensión de actividades presenciales tales como la educación en todos sus niveles, la industria del entretenimiento, la gastronomía, creando una dinámica excepcional, en la sociedad.

¿Cómo reaccionaron los actores políticos ante ello? Estas reacciones pueden clasificarse en tres grandes grupos. Primero, el de los desestabilizadores al proceso democrático y al gobierno transitorio, por medio de la instigación a la desobediencia a las medidas preventivas contra el covid-19. Este comportamiento miserable no podía sino corresponder a hombres igualmente miserables, como quienes se encuentran agrupados en la organización política delincuencial que representa el MAS. Segundo, el de los  tomadores de decisión y su accionar orientado por el menudo cálculo electoral. El gobierno de Añez (entonces todavía candidata a la presidencia) se resistió, por ello, a la aplicación masiva de test y al equipamiento general de unidades de terapia intensiva, al inicio del brote y cuando el país mantenía la cuarentena rígida. Este equivocado cálculo también explica la negativa a adoptar medidas constitucionales para proteger a la sociedad ante el bloqueo de caminos que grupos de interés, sectores corporativos y el crimen organizado, agrupados en el MAS, impulsaban. Tercero, los ausentes, en términos de proposición, como estrategia nacional sostenida.

La resolución del conflicto político entre dictadura o democracia, la crisis institucional heredada de la dictadura delincuencial del MAS, la desinstitucionalización del poder judicial, la fiscalía, la policía, el ejército, etc. y la crisis Integral desatada por el covid-19, constituyen los principales nudos problemáticos a los que, quienes aspiran a la presidencia en las próximas elecciones nacionales, deberán dar alguna respuesta. El tipo de respuesta o incluso la no respuesta a ellos nos revela el perfil y la consistencia de las candidaturas. En este orden tenemos, en un extremo, la negación de estos problemas, así como de sus orígenes. Y como si todo se redujera a los últimos meses de vida democrática, sobrevaloran los efectos de la crisis sanitaria, con fines meramente electorales. Resulta claro que el propósito del MAS, que expresa el perfil de la delincuencia políticamente organizada, no es otro que la protección a su principal cómplice, Evo Morales y si se puede, de paso retornar al gobierno.

Aunque también parte del desconocimiento a las raíces y a la magnitud de la crisis, el candidato Chi representa el perfil de la incoherencia y la irresponsabilidad sin límites. Este candidato expresa, a la luz de las exigencias de la crisis Integral, lo imprevisible, cuyas acciones  solamente se explican por las ventajas del cálculo político coyuntural. Así por ejemplo, Chi era ayer pro-masista, hoy simula ser anti-masista aunque dando suficientes señales de su pro-masismo el día de mañana.

Carlos Mesa representa la paradoja del potencial ganador electoral, pero con una pobreza propositiva para hacer frente a la crisis Integral. No es creíble enfrentar la magnitud de la crisis con medidas como la del combate a la corrupción en la policía, por medio de cámaras anti-corrupción en el equipamiento de los agentes policiales e incluso con la genérica proposición del fortalecimiento del sistema de salud o la creación de empleos. El silencio acerca de la desinstitucionalización del aparato estatal o la necesidad de un acuerdo nacional, dada la magnitud de la crisis, es llamativa. De todas maneras, es claro que esta candidatura representa, hoy por hoy, una posibilidad para cerrar el paso a la candidatura de la delincuencia organizada y su incoherente e imprevisible aliado.