La mayoría de los países latinoamericanos se ubican en un lugar intermedio del ranking. Destaca Uruguay, que ocupa el puesto 22. Y en la franja inferior, no sólo de Latinoamérica, sino de todo el mundo, aparece Venezuela, y solo algo mejor ubicada, entre los últimos siete, Bolivia.

El World Justice Project Rule of Law Index es la principal fuente mundial de datos originales e independientes sobre el estado de derecho. El Índice, que abarca 128 países y jurisdicciones, se basa en encuestas nacionales de más de 130.000 hogares y 4.000 abogados y expertos para medir cómo se vive y se percibe el estado de derecho en todo el mundo. 

El puntaje de Bolivia aumentó menos del 1% en el Índice de Estado de Derecho 2020 del WJP y se ubica en el puesto 121 de 128 países y jurisdicciones en todo el mundo, manteniéndose en la misma posición en el ranking global. Y en Latinoamérica y el Caribe, Bolivia está ubicada en el lugar 29 de 30 países de la región.

El estudio se realiza basándose en 44 indicadores que miden ocho factores: regulaciones a los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, qué tan abierto es un gobierno, derechos fundamentales, orden y seguridad, imposiciones regulatorias, justicia civil y justicia penal.

Sobre el factor Límites al poder gubernamental, que mide si quienes gobiernan están sujetos a la ley, Bolivia ocupa el puesto 116 del ranking. Este factor incluye los mecanismos constitucionales e institucionales que limitan a los funcionarios y agentes del gobierno, y que les obligan a rendir cuentas. También incluye los controles no gubernamentales, como una prensa libre e independiente. 

Sobre la Ausencia de corrupción en el gobierno, este factor toma en cuenta tres formas de corrupción: sobornos, influencias indebidas por intereses públicos o privados, así como la apropiación indebida de fondos públicos u otros recursos. 

Se analiza la corrupción en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, la policía y el ejército. En este factor, Bolivia ocupa el puesto 124.

Sobre el Gobierno abierto, que mide la apertura del gobierno, y si éste publica información, empodera a las personas con herramientas para exigir rendición de cuentas, y si fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones, Bolivia ocupa el puesto 90.

Este factor mide si las leyes y la información acerca de derechos legales están disponibles públicamente, así como la calidad de la información proporcionada por el gobierno. 

Sobre los Derechos fundamentales, este factor reconoce que para que un sistema sea un Estado de Derecho, debe respetar los derechos fundamentales reconocidos por el derecho internacional. En este factor, Bolivia se ubica en el puesto 96 del ranking.

Respecto a Orden y seguridad, factor que mide si el Estado puede garantizar la seguridad de las personas, Bolivia ocupa el puesto 115 del ranking.

Respecto al Cumplimiento regulatorio que se refiere a si las regulaciones se implementan de manera justa y efectiva, Bolivia se encuentra en el puesto 114. Este factor no evalúa las actividades que el gobierno decide regular, ni considera si la regulación es apropiada; más bien, se enfoca en la implementación y aplicación de dichas regulaciones. 

Respecto a la Justicia Civil, este factor evalúa si las personas pueden resolver sus agravios de forma pacífica y efectiva a través del sistema de justicia civil. Mide si los sistemas de justicia civil son accesibles, asequibles, y si están libres de corrupción, discriminación, e influencias indebidas por parte de los funcionarios públicos. 

Examina si los procedimientos judiciales se llevan a cabo sin retrasos que no son razonables, y si las decisiones se aplican de manera efectiva. También mide la accesibilidad, imparcialidad, y efectividad de los mecanismos alternativos de solución de disputas. En este factor Bolivia ocupa el puesto 126 de 128 países.

Y sobre el Sistema de justicia penal, que es un aspecto clave del Estado de Derecho, pues es el mecanismo para reparar agravios y emprender acciones hacia los individuos que cometan delitos contra la sociedad, Bolivia ocupa el puesto 127, apenas mejor que Venezuela. Este factor considera a la policía, defensores, fiscales, jueces, y personal penitenciario.