El locuaz parlamentario fue aprehendido por la Policía el miércoles debido a su desacato a citaciones judiciales y negativa a comparecer ante el juez para responder a acusaciones de acoso y violencia política que presentó en su contra la exdirigente de las Bartolinas. Quispe estuvo retenido en una celda judicial y ayer fue puesto a disposición del juez del Tribunal Primero Anticorrupción, quien lo conminó a presentarse las veces que sea convocado y le prohibió referirse públicamente a Felipa Huanca.

No obstante, su colega opositor Gonzalo Barrientos denunció que la aprehensión de Quispe “fue ilegal”, reivindicó su inviolabilidad personal y apeló al artículo 151 de la Carta Magna. 

Ahora bien, es cierto que la Constitución garantiza la inviolabilidad de los legisladores por las opiniones que viertan, interpelaciones, denuncias o fiscalización que formulen, pero no les da carta blanca para no acatar citaciones o conminatorias de una autoridad competente.

Es decir, lo que deliberadamente soslaya Barrientos es que Quispe —supuesto paladín opositor anticorrupción— fue aprehendido por la Policía no porque haya denunciado corrupción en el Fondo Indígena, sino porque simple y llanamente mandó al tacho de basura varias citaciones judiciales que le obligaban a comparecer ante el juez del Tribunal Primero Anticorrupción, como consecuencia del proceso legal que enfrenta acusado de acoso y violencia política. 

En ese contexto, es ridículo que Barrientos amenace con denunciar a la OEA, del impresentable Luis Almagro, la aprehensión legal del locuaz diputado opositor, quien, a la luz del derecho, no tiene otro camino que asumir las consecuencias de sus actos, defenderse en un juicio justo y debido proceso y, sobre todo, acatar sin chistar la institucionalidad democrática boliviana.