Hasta el día 23 de julio, el Tribunal Supremo Electoral había recibido 12 denuncias provenientes de las agrupaciones políticas participantes del presente proceso electoral y otras organizaciones civiles, además de parlamentarios, todas pedían la anulación de la personalidad jurídica del partido infractor y la cancelación de todas las candidaturas de esta agrupación política en las elecciones generales 2020.

Esta denuncia, basada en la vulneración del artículo 136, parágrafo III de la Ley 026 de Régimen Electoral, señala que “las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral con la cancelación inmediata de su personería jurídica”.

Dichas denuncias también contemplan la vulneración del artículo 135, parágrafo I, que prohíbe la difusión de estudios de opinión anónimos, en los que tampoco se identifique a las personas que encargaron su realización o que estos hayan sido financiados por candidatos o partidos políticos.

Ante estas denuncias, y como una medida desesperada del masismo por enmendar el error cometido, la representación legal de este partido presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta ante el Tribunal Constitucional en la que observan la inconstitucionalidad del artículo referido con la finalidad de frenar cualquier resolución que emita el Órgano Electoral en contra del partido de Evo Morales por el delito cometido.

Ante esta acción, el presidente del Tribunal Supremo Electoral manifestó que la resolución que defina el futuro de la sigla del MAS será resuelto a su debido momento y mediante la aplicación de las normas vigentes.

“Estas denuncias tendrán un tratamiento, y se emitirá un pronunciamiento en el menor tiempo posible y en base al debido proceso. No existe una fecha específica para la resolución de estas demandas que continúan llegando en contra el MAS; sin embargo, todas ellas tendrán una respuesta pronta y serán resueltas en el marco de lo que señala la Constitución y las leyes”, expresaba Romero en el mes de julio.

Durante las reuniones convocadas por la presidenta Jeanine Añez, Romero volvió a señalar que se espera una resolución emitida por el TCP para que inmediatamente la sala plena del TSE tome una decisión sobre este tema.

“El Tribunal Supremo Electoral adoptará una decisión sobre las demandas de cancelación de la personería jurídica presentadas contra el MAS, Juntos, Creemos y Comunidad Ciudadana, una vez que el Tribunal Constitucional se pronuncie en apego al debido derecho sobre las demandas presentadas contra esas organizaciones políticas”, indicó.

RELACIÓN DE ACCIONES

A menos de cuatro semanas para la realización de los comicios electorales, aún no se supo de alguna resolución del TCP en relación a las acciones presentadas por el MAS, que deben derivar en una determinación del órgano electoral.

Al respecto, el abogado constitucionalista Williams Bascopé, en contacto con EL DIARIO, expresó su preocupación por el retraso en la determinación definitiva que defina el futuro de la personería jurídica del MAS al haberse cumplido los tiempos y por el malestar que podría causar en la población una determinación cercana al día de votación.

“Los plazos ya han pasado para la resolución que debía dar el TSE; sin embargo, no entendemos bajo qué circunstancias se está tardando en dar una respuesta, sea positiva o negativa, lo único que se está haciendo es poner más incertidumbre respecto a este tema y hacer que la gente vaya tomando cierta molestia”, indicó el jurista.

Agregó que esta retardación en la determinación que anule o no, la personería jurídica del MAS, corresponde a un cálculo político del presidente del Órgano Electoral que trata de que el partido infractor no sea castigado por el delito cometido.

“Es más que evidente que el MAS debió ser sancionado por la irregularidad cometida. En justicia corresponde la cancelación de la personería. Esta es una situación de cálculo político de Salvador Romero que busca la posibilidad de que el Movimiento al Socialismo no cumpla con las normas”, refirió Bascopé.

Puntualizó que este desorden es un mal generalizado en la sociedad boliviana, donde nadie quiere cumplir con las normas y eso ha llevado también a lastimar la institucionalidad democrática.

CONVERSATORIO

Durante un conversatorio con medios de comunicación organizado por el Tribunal Electoral Departamental de La Paz, el secretario de cámara del Tribunal Supremo Electoral, Fernando Arteaga, calificó como uno de los hitos del presente proceso electoral el 3 de octubre día en que se concluye el proceso de inhabilitación de candidaturas, informó que en el TSE se han atendiendo alrededor de 60 demandas de inhabilitación de las cuales una gran parte ya fueron resueltas. De estas, las más mediáticas y otros casos aún no han sido definidos pero que aún se encuentran dentro los plazos establecidos.

“Las más significativas son la del candidato Evo Morales y del candidato Diego Pari, además, hay otros tipos de demanda de inhabilitación que ya han sido resueltos por el TSE, pero que todavía estamos en plazos para que los ciudadanos interesados o los mismos partidos políticos puedan presentar estas demandas hasta el sábado 3 de octubre de 2020”, manifestó.

La normativa vigente en materia electoral fue promulgada un 30 de junio del año 2010 durante el gobierno del Movimiento al Socialismo y fue aplicada en una situación similar el año 2015 con la inhabilitación de la candidatura a gobernador departamental de Ernesto Suárez y otros 226 candidatos de la agrupación Unidad Demócrata en las elecciones de gobernación y municipios del departamento de Beni, luego de que el jefe de campaña de esta agrupación, Carmelo Lenz, diera a conocer públicamente los resultados de una encuesta de intención de voto.