El derecho político al voto en nuestra Constitución se establece en el artículo 26, Parágrafo I. “Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. II. El derecho a la participación comprende: (…) 2. El sufragio, mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio, escrutado públicamente…”. 

El artículo 27 de la CPE establece, además, que los residentes bolivianos en el extranjero tienen derecho a participar en elecciones presidenciales. En esencia, los artículos 26 y 27 reconocen el derecho a la “participación”. Entonces todos los ciudadanos pueden votar, con ciertas situaciones concretas, por las que este derecho político puede ser suspendido (Artículo 28 de la CPE).

Está claro pues, que constitucionalmente el derecho al voto no puede suspenderse a ciudadano alguno por razones de prevención de su salud o por estar enfermos, ninguna de las tres excepciones contempladas se adhiere al caso que hoy es producto de la pandemia de coronavirus. 

Sobre la salud y la prevención, la propia Constitución nos puede ofrecer un resquicio que nos sirva para la interpretación, pues el nivel central del Estado a través de sus competencias exclusivas tiene la potestad de establecer y ejecutar políticas (leyes y reglamentos) para prevenir y contener la  Covid-19, incluso, en última ratio, postergando elecciones hasta que existan condiciones mínimas de sufragio directo. El artículo 298, Parágrafo I establece:  “Son competencias privativas del nivel central del Estado: (numeral) 17. Políticas del Sistema de Educación y Salud”. 

Se deduce, bajo razonamientos legal y lógico, que con objeto de proteger la salud pública y prevenir enfermedades, que el gobierno central incluidos los órganos Legislativo y Electoral, podrán adoptar las acciones y medidas necesarias en eventos con gran concentración de personas, cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad, aunque estas atribuciones, colisionen con la mecánica del poder y con intereses sectarios.

La cuestión es difícil de explicar, incluso a través del derecho constitucional; inicialmente podemos concluir que una eventual suspensión del voto resulta absolutamente irregular más aún cuando se trata de establecer una alternabilidad regular y periódica en la administración del Estado, pero también una decisión en sentido contrario es legal y legítima, porque el derecho fundamental a la vida y a la integridad física estarían por encima del derecho a votar.

Retornando a la pregunta, ¿qué pesa más, la salud pública o el derecho político del sufragio? Parece un dilema en apariencia irresoluble que ningún legislador, jurista o analista político boliviano ha afrontado en casi 40 años de democracia. 

Aunque aceptemos la primacía de la salud y la vida, para desvanecer el entuerto, es indefectible la intervención del Tribunal Constitucional Plurinacional como ente que precautela el respeto y la vigencia de los derechos constitucionales e interpreta nuestra Ley Fundamental:   Artículo 6 de la Ley N° 027. (Ley  del Tribunal Plurinacional Constitucional). I. “En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará, con preferencia, la voluntad del constituyente de acuerdo con los documentos, actas y resoluciones de la Asamblea Constituyente. II. En cualquier caso, las normas se interpretarán de conformidad con el contexto general de la Constitución Política del Estado, mediante un entendimiento sistemático de ésta, orientado a la consecución de las finalidades que persiga”. 

Corresponderá entonces al TCP, la ratificación constitucional de los planes, programas, acciones y medidas que las autoridades consideren urgentes y necesarias para resguardar la salud pública y que a la vez no impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho.

En última instancia, las autoridades pueden imponer restricciones por riesgo sanitario; pero no está claro que puedan suprimir el derecho al sufragio, si es que el control de la constitucionalidad declara la obligatoriedad de votar.

 Sobre esa base nos preguntamos, ¿existen opciones para sufragar tras haber contraído eventualmente el virus y sin poner en riesgo a la población?

Para el 18 de octubre próximo, las autoridades electorales establecieron de antemano, dos turnos por orden alfabético para evitar aglomeraciones, sin embargo, para la actual coyuntura y para el futuro, se debe pensar seriamente en otras opciones, como el sistema de voto por correo o de implantar legalmente el voto “apoderado”, por el que, quien hubiese resultado positivo por coronavirus o por otra enfermedad contagiosa y terminal, puede delegar su voto en un apoderado acreditado por un notario. Asimismo, debemos considerar la posibilidad de establecer al menos una mesa especial por recinto electoral (colegio o escuela), destinado a la votación de personas, en cuarentena preventiva y asintomáticas que deseen ejercer su derecho a voto.

Corea del Sur afrontó el mismo problema hace algunos meses, ante la dificultad, el Estado coreano enfrentó el dilema con inusitada eficiencia; desde controles de temperatura rutinarios hasta la habilitación de colegios especiales para contagiados y votantes asintomáticos.

 Votaron 30 millones de coreanos y no se identificaron contagios. Creemos que Bolivia ha tenido cuatro meses para prevenir este escenario y esperemos que para octubre se tomen las medidas adecuadas para minimizar un rebrote de la pandemia.