En efecto, si revisamos su trayectoria, desde 1989, continuadamente estuvo vinculado en la política. Para ello, utilizó como plataforma de lucha y proyección la defensa de las plantaciones de coca en el Chapare, hasta lograr la asignación del “cato de coca por familia”, que representa en promedio una extensión de cultivo de 1.600 metros cuadrados y una producción de 100 libras de coca cosechada entre 50 y 60 días. Dicho arbusto de la variedad “vandiola”, ni los propios productores la consumen -pues prefieren la variedad “taqui” de los yungas de La Paz- por ser desmedidamente ácida, aunque en contrapartida, resulta ser materia prima ideal para la producción de clorhidrato de cocaína de alta pureza.
Tras dos intentos fallidos (1989 y 1993), recién en 1997, lograría un curul por la C-27 (provincia Carrasco y Chapare). El 2005, llegaría a la presidencia; el 2009 y 2014 fue reelegido. Finalmente, pese al rechazo del 21-F de 2016, manipuló la CPE, para postularse por cuarta ocasión el 2019, promoviendo un grotesco fraude, cuyo daño económico ocasionado al Estado asciende a más de 200 millones de bolivianos.
Ante la resolución de inhabilitación a su candidatura por el Tribunal Supremo Electoral, el 20 de febrero, interpuso un polémico Amparo Constitucional que, luego de ser analizada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 7 de septiembre  resolvió denegar el recurso y confirmar la vigencia de inhabilitación.
Lo cierto es que el cocalero consentido del gobierno argentino, estará privado de participar de las justas electorales del próximo 18 de octubre, situación que imagino está provocándole al menos tres conflictos estructurales. La primera, estar substraído del mejor oficio de “vividor político” desempeñado por varios años, detentando el poder al interior de su partido –donde, por cierto, es considerado un “gurú iluminado”-, al igual que en la esfera pública.
La segunda, ligada a llenar sus grandes complejos y limitaciones que solían ser perfectamente cubiertas por el ejercicio de autoridad y control de un séquito, donde sus designios solían ser ejecutados por la pléyade de colaboradores cercanos. Infortunadamente, tales inseguridades y temores siempre fueron expuestas dada su reticencia y negativa a debatir con la oposición de manera técnica y con mayor altura académica; pues nunca tuvo la capacidad de aceptarlo ni como candidato a la presidencia ni después cuando fue presidente. Cómo olvidar a su fiel escudero y protector Álvaro García Linera, quién pregonaba hasta el hastío las bondades del “proceso de cambio”, cual retraído intelectual, dueño de la verdad, aunque ovacionado e idolatrado por los devotos del partido azul.
La tercera y quizá la más importante, resguardarse en la inviolabilidad parlamentaria para evadir al menos siete causas abiertas en su contra por delitos como sedición, terrorismo, delitos contra la salud, fraude electoral, genocidio y el escándalo de estupro con víctimas múltiples (...).