La Gobernación de Chuquisaca denunció ayer que el nuevo estudio de campos compartidos del reservorio de Incahuasi, ejecutado por la empresa canadiense Sproule, utilizó documentación del Instituto Geográfico Militar (IGM) y la resolución ministerial 090/18, no así la ley 1054, lo que implicaría una vulneración al intento oficial de cumplir la sentencia constitucional que exigió límites definidos por ley para llevar adelante el nuevo estudio, según la interpretación departamental.

El martes, en Cochabamba, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Oscar Barriga, presentó el informe final del estudio de campos compartidos de Incahuasi y Aquío a los representantes de las gobernaciones de Chuquisaca y Santa Cruz.

La delegación chuquisaqueña reiteró sus observaciones al estudio.

El secretario Departamental de Hidrocarburos, Minería y Energía, Felipe Molina, agregó que esperan que YPFB envíe la documentación legalizada solicitada por la Gobernación para hacer públicas las denuncias de las irregularidades cometidas en la elaboración del nuevo estudio de campos compartidos.

Anticipó que la empresa Sproule utilizó la resolución ministerial 090/18, una certificación del Viceministerio de Autonomías que supuestamente definiría coordenadas e informes del IGM que demarcarían toda la serranía del Incahuasi.

El secretario Jurídico de la Gobernación, Armin Cortez, hizo hincapié en que la empresa canadiense sólo uso la solución ministerial 090/18 y no la ley 1054 de delimitación entre Chuquisaca y Santa Cruz, con la que en abril el oficialismo y el vecino departamento dieron por cerrado el diferendo limítrofe. Según la normativa boliviana, son leyes las que determinan los límites; sobre esa base, el Órgano Ejecutivo sostiene que no hay nada que discutir sobre Incahuasi, al dar por válidas normas de siglos pasados, que Chuquisaca cuestiona por contradictorias y porque no hubo conciliación ni antes ni ahora.

Por esta razón, Cortez reiteró que se activará un recurso legal para anular el último estudio al igual que el anterior ya que no se cumplió con la sentencia constitucional 1160/2017-S2.

Molina dijo que se caen las afirmaciones de los ministros, según quienes sólo se contempló 30 vértices de los límites en la mentada resolución y no los otros 90 que están en el Incahuasi, que el Gobierno ya considera definidos por normas de siglos pasados.

“Habría que ver esa documentación (informes de YPFB) y lo haremos público cuando nos llegue la documentación legalizada, nos tendrán que decir lo que dijeron que sólo 30 vértices se tomaron en cuenta como dice la ley (1054) y ahora con la documentación hacen una demarcación de toda la serranía en el área del Incahuasi”, manifestó.

A estas observaciones se suman otras que son técnicas que serán reveladas cuando tengan la documentación legalizada, anunció Molina.

Chuquisaca reclama el campo Incahuasi como compartido, exige conciliación de límites y rechaza los estudios que, sobre la base de bordes no consensuados, determinan que pertenece en su totalidad a Santa Cruz.