Las razones son múltiples, sin dudas, y varían de país en país, pero la intromisión y utilización del Poder Judicial con fines políticos –el lamentablemente tan de moda lawfare– es uno de los principales elementos que llevan a que el ciudadano común descrea cada vez más de la democracia en América Latina.
La democracia latinoamericana parece estar cada día más frágil en el sur y no es producto de la casualidad. Incluso, en los últimos días se sumaron dos nuevos casos, emblemáticos para la región, que abonan esta teoría: la imposibilidad legal de participar en las elecciones de los expresidentes Evo Morales, en Bolivia, y Rafael Correa, en Ecuador.
Los casos, si bien difieren mucho de lo que sucedió con Lula en Brasil, hacen que su recuerdo sobrevuele en nuestras mentes. Recordemos que cuando el exmandatario brasileño lideraba todas las encuestas con amplio margen, en la campaña electoral de 2018, y el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro no significaba una amenaza para el líder del Partido de los Trabajadores, se inhabilitó al líder progresista a través de un proceso judicial que careció de cristalinidad y que culminó con su encarcelación.
No es intención de este artículo evaluar el proceso judicial ni las pruebas presentadas sobre ninguno de los acusados, sino simplemente analizar la utilización de la justicia –con minúsculas– como estrategia política y electoral latinoamericana.
En la noche del pasado lunes 7 de setiembre un tuit de la actual presidenta boliviana Jeanine Añez decía: “Frenamos al MAS en dos oportunidades y lo hemos hecho con la ley en la mano, sin violencia y sin enfrentamientos. Somos los únicos que podemos evitar que vuelvan y que Evo Morales quede impune porque respetamos la ley y amamos la democracia. ¿Carlos Mesa frenó al MAS alguna vez?”
El desafortunado mensaje –para los que valoramos los sistemas democráticos– emitido por una presidenta en funciones que no fue electa por el pueblo, celebraba una resolución del Tribunal Supremo Electoral que prohibió la candidatura a senador de Evo Morales. Resulta al menos poco feliz, para quien debe representar a todos los ciudadanos, que se valore positivamente la inhabilitación de un candidato que pretende competir en una elección.
Por si fuera poco, la presidenta asume en primera persona del plural haber frenado al MAS, y se posiciona como actual candidata, dejando de lado la investidura presidencial, cuando sentencia sobre otro de los candidatos, el expresidente Mesa, si él “frenó al MAS alguna vez”.
Paralelamente, en Ecuador, la Corte Nacional de Justicia de ese país inhabilitó en tiempo record la candidatura a vicepresidente de Rafael Correa por presuntos cobros de sobornos durante su ejercicio como jefe de Estado, según resolución dictada también el pasado lunes 7 de setiembre. El dictamen además establece una proscripción de 21 años para el político que actualmente reside en Bruselas.
El mismo lunes 7 a la noche, en Uruguay, el militar y senador Guido Manini Ríos subía un video a las redes sociales confirmando que se ampararía en los fueros parlamentarios para no ser juzgado por la Justicia ante la acusación de haber ocultado pruebas sobre violaciones a los derechos humanos en la pasada dictadura cívico militar, y contradiciendo lo que hasta ese momento había afirmado, incluso en su campaña electoral.
La derechista coalición de gobierno uruguaya, casi en su totalidad, decidió apoyar el silencio y la impunidad de quienes tuvieron responsabilidades en las violaciones de los derechos humanos, al no prestar, en forma cómplice, los votos para lograr el desafuero del legislador.
El lunes 7 fue una jornada negra para la región. La Justicia latinoamericana se vio burlada en Uruguay, mientras que en Bolivia y Ecuador decidió jugar su carta a favor del proyecto conservador. Los pueblos estarán impedidos de conocer la verdad, verán acotada su oferta electoral y, de seguir en este camino, las democracias seguirán debilitándose cada día más, en forma alarmante, en nuestra región.