Ante los numerosos casos de acoso y violencia política contra mujeres candidatas y electas en Bolivia, se trabajó, durante más de 12 años, en una propuesta normativa a través del trabajo comprometido y la promoción política de diferentes organizaciones de mujeres.

En 1999 se fundó la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) para agrupar y organizar a todas las alcaldesas y concejalas del país y defender sus intereses, y derechos políticos. En ese marco, se empezó a elaborar la propuesta de ley contra el acoso y violencia política.  La difusión y socialización de la misma, durante varios años, generó una sensibilización y un contexto favorable para posicionar la  norma en la agenda nacional. 

 Durante el período legislativo 2006-2009 se creó el Comité de la Agenda Legislativa para las Mujeres, marco en el que se realizaron mesas temáticas, una de ellas sobre acoso y violencia política,  en la que participaron parlamentarias, técnicas, organizaciones de mujeres y asociaciones a nivel nacional.

 La Ley 4021 del Régimen Electoral Transitoria (2009) fue aprobada incluyendo los principios de paridad y alternancia. Posteriormente, en la Ley  026 del Régimen Electoral (2010), se estableció la paridad y la alternancia para todas las circunscripciones.

 En las elecciones de 2010 las mujeres llegaron a ocupar el 50% de presencia en el Parlamento y aprobaron el actual marco normativo para garantizar los derechos de las  mujeres.  Sin embargo, su ejercicio político se ve obstaculizado constantemente por actos de “acoso y violencia política”, que restringen la voz, la participación y la estabilidad en puestos de mujeres elegidas.

 Un caso extremo fue el asesinato de la concejala Juana Quispe Apaza, de la municipalidad de Ancoraimes, La Paz, en 2012. La autoridad fue víctima recurrente del acoso y de violencia política. Este lamentable asesinato causó una gran conmoción en todo el país y ese mismo año el Parlamento aprobó la Ley 243 Contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres.  Actualmente, la habilidad machista de algunos políticos de todos los partidos se basa en atropellar los derechos de las mujeres y están obligando a renunciar a las autoridades femeninas que fueron elegidas por voto popular. Y resulta que los maestros, para distorsionar la norma, argumentan que según “la alternancia” ahora les toca a los “suplentes” ocupar los cargos de las mujeres electas como alcaldesas, concejalas o asambleístas,  porque están en la mitad de la gestión.  De esa manera,  malinterpretando el principio de alternancia, se está acosando y ejerciendo violencia política contra las mujeres.